La viceministra de Transparencia, Nardy Suxo, dijo que el inmueble incautado que solicitó mediante una carta al viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, sí cumplía una función social. La ley 1008 señala que “los bienes confiscados se destinarán, preferentemente, a programas de prevención, educación, salud y la creación de centros de rehabilitación...”.
Aseguró que los bienes incautados pueden darse a instituciones públicas, que ese no era problema, pero que se debe cumplir con la ley. “Para un fin social se puede dar”, y agregó que no siempre a las instituciones.
“Yo pedí a todas (varias) las instituciones. Si a mí el señor Pedraza (ex director de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, Dircabi), cumpliendo la ley me decía que no me podían dar; listo, chao”.
La Dircabi de Santa Cruz entregó un bien inmueble a una consultora de ese viceministerio —para que sean oficinas del mismo—, en diciembre del 2006. Según Suxo, ella no tenía autorización para recibirlo. Aunque, se pidieron dos cotizaciones para determinar cuánto costaría el arreglo de esa casa “deteriorada”.
La misma era inhabitable, contó Suxo y por eso se rescindió el contrato con Dircabi. Pedraza, denunció la anterior semana que Suxo habría desmantelado esa casa y que por ello lo destituyeron. Ella pidió a la Fiscalía de Santa Cruz prestar su declaración sobre ese tema el lunes.