Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, explicó que los militares desalojaron a la gente que tomó la planta de Pocitos, luego de lo cual técnicos de Transredes y YPFB evaluaron la situación de la misma para poder dar normalidad al bombeo de gas y líquidos a partir de hoy.

Indicó que la gente aplaudió el retorno de las fuerzas del orden, ya que esta ciudad fue la más afectada por actos vandálicos, como los que sucedieron en las plantas petroleras (saqueos) y en algunos domicilios de Yacuiba.

Ayer, el conflicto en la provincia Gran Chaco obligó al país a reducir su producción de gas natural en el campo San Alberto en 6,6 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd), de 10 a 3,4 MMmcd, y afectar la exportación del combustible a los mercados de Brasil y Argentina, con lo que el país dejó de percibir 980 mil dólares aproximadamente.

El vicepresidente de Operaciones de YPFB, Sebastián Daroca, explicó que el hecho se debió a que la planta de compresión Pocitos de Transredes fue tomada por los pobladores de Yacuiba, y los líquidos (crudo) que se producen en el campo San Alberto dejaron de ser evacuados, porque la capacidad de almacenaje estaba casi al límite.

El gas que se produce en este campo, operado por Petrobras, viene acompañado de líquidos y, al no existir el suficiente espacio para seguir guardándolo, se redujo la producción del energético.

Daroca advirtió que si el problema no se solucionaba, el domingo el Gobierno se hubiera visto obligado a cerrar la producción de San Alberto, y la pérdida hubiera subido a los dos millones de dólares diarios.

La planta de Pocitos fue tomada por la gente de Yacuiba, por el problema limítrofe que tiene con la provincia O’Connor, pero especialmente por el cantón Chimeo, donde se halla el megacampo gasífero Margarita.

El viceministro de Industrialización y Comercialización, William Donaire, señaló que con la reducción del fluido del gas el mercado más afectado fue el de Argentina, donde la exportación bajó de 5 a 1,2 MMmcd.

Además, se suspendió el bombeo de 1,2 MMmcd de gas a la ciudad brasileña de Cuiabá —prácticamente no se envió ni una molécula de gas ayer— y bajó la distribución que administra Petrobras hacia Sao Paulo de 24,6 a 24 MMmcd. A la empresa Comgas también se le restringió el envío de gas en 1,8 MMmcd.

Donaire argumentó que por los problemas que se presentaron en Villamontes, en la planta de compresión, el mercado de Tarija se vio afectado con la reducción del suministro en 1,5 MMmcd, de 6 a 4,5 MMmcd.

Esta reducción afectó a la industria cementera y de cerámica de este departamento.
En cuanto al crudo que produce el campo San Alberto, se dejó de producir 8 mil barriles diarios, porque se cerró por seguridad la válvula “de líquidos” de la planta de Transredes, explicó la autoridad, e indicó que de los 8 mil barriles, 5 mil son para la exportación y 3 mil para las refinerías locales.

El incumplimiento en las exportaciones de gas natural con Brasil y Argentina puede provocar otras pérdidas al país, por multas que figuran en las cláusulas take or pay de los contratos con Brasil y Argentina.

Sobre el tema, el viceministro William Donaire explicó que se negocia con la contraparte de ambos países para evitar una sanción pecuniaria, argumentando que se trata de un caso de “imposibilidad sobrevenida”.

“Las autoridades del país explicarán a sus homólogas de Brasil y Argentina que las disminuciones en los envíos son causadas por las protestas”, sostuvo.

Pérdidas pasarán a regiones

La factura por la pérdida que provocó la reducción de la exportación de gas natural a los mercados de Argentina y Brasil —casi un millón de dólares—, pasará a las regiones y a los municipios que perjudicaron el normal funcionamiento de la planta de Transredes, explicó ayer el ministro de Planificación del Desarrollo, Gabriel Loza.

Los ingresos por el gas son “patrimonio de todos los bolivianos, y si nosotros lastimamos nuestro patrimonio estamos perdiendo nuestros propios recursos. Por lo tanto, es decisión del Gobierno nacional que los costos los tienen que asumir los que han participado en este problema, por las decisiones que han tomado”. Loza indicó que desde el punto de vista económico, el Gobierno tiene un presupuesto mensual, y si los ingresos son menores, implican un recorte de los gastos.

Los gastos tendrán que recortarse, “¿en quién?, ¿en gastos sociales?, ¿se van a recortar en salud?, ¿en educación?, ¿en qué gastos se van a recortar?”, se preguntó el ministro e indicó que “estos gastos deben recortarse en la vía de distribución a las municipalidades que reciben esos ingresos”. “No todos los bolivianos podemos pagar la factura que representan decisiones por motivos de carácter local. Esos gastos no lo vamos asumir todos los bolivianos ni el sector social”, añadió Loza.