Una mayoría de diputados reunidos en el Congreso, que fue protegido por cientos de policías, aprobó el martes la destitución de los miembros del Tribunal Constitucional que habían resuelto reponer en sus curules a 50 legisladores opositores, lo que ha abierto una nueva pugna jurídico-política en el país.
El palacio legislativo fue rodeado el martes por unos 300 policías mientras decenas de manifestantes, partidarios del presidente izquierdista Rafael Correa, se congregaron en torno al edificio para impedir el ingreso de los diputados opositores, de derecha, restituidos el lunes en la noche en sus cargos por una decisión del Tribunal Constitucional (TC) . El organismo inicialmente dijo que eran 51 pero el martes aclaró que son 50.
Correa rechazó el pronunciamiento del TC y anticipó el lunes que si los legisladores destituidos "intentan entrar a la brava (al Congreso) y alterar el orden público, habrá incluso que mandarlos a prisión".
A la sesión del Congreso unicameral de 100 diputados, el martes asistieron 52 legisladores en funciones incluyendo los suplentes que asumieron en reemplazo de los cesados. El resto de diputados, en la oposición, no asistió. Los 52 presentes aprobaron destituir a los nueve miembros del Tribunal Constitucional (TC). Argumentaron que su periodo terminó en enero y que estaban en funciones prorrogadas, en una interpretación polémica de la Constitución, según adelantaron algunos analistas.
El Congreso es la autoridad encargada por ley para designar a los miembros del TC quienes no se han pronunciado hasta el momento.
El Tribunal Constitucional había acogido favorablemente el lunes en la noche la apelación de uno de los congresistas opositores destituidos el 7 de marzo por el Tribunal Electoral que los sancionó por considerar que obstaculizaron la convocatoria a un referendo, efectuado el 15 de abril y en el que la ciudadanía aprobó la instalación de una asamblea constituyente promovida por el gobierno.
"La policía tiene que cumplir las órdenes que el Tribunal Supremo Electoral y acatar las resoluciones de ese tribunal que es la máxima autoridad en periodo electoral", aseguró en entrevista con la AP, el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, al asegurar que los diputados opositores no pueden ingresar al Congreso.
"La policía acatará la decisión que está en firme que es la del Tribunal Supremo Electoral", añadió, desconociendo la validez de la resolución del Tribunal Constitucional, organismo encargado de velar por el fiel cumplimiento de las normas en el país.
En las afueras del Congreso, un grupo de estudiantes secundarios que querían llegar hasta el lugar para expresar su rechazo a la decisión del TC se enfrentó con la policía que respondió con gases lacrimógenos.
En tanto, los diputados opositores se reunieron en un hotel de Quito donde el legislador derechista Pascual Del Cioppo anunció que quieren volver a sus curules "a trabajar, a servir y no confrontar", mientras su correligionaria Gloria Gallardo hizo un llamado parta que "la fuerza pública se retire del Parlamento".Quito, AP