Parece nomás que las y los ciudadanos bolivianos entendemos de una manera equivocada el Estado y, por lo tanto, tenemos una relación perversa con él. Y no digo nuestro Estado, porque lo de nuestro es relativo, ya que durante muchos años hemos tenido bien poquito Estado. Alguien ha dicho que en Bolivia los problemas no provienen de las acciones del Estado, sino de su ausencia.
Así y todo, trabajar en el Estado en nuestro país es una experiencia esquizofrénica porque, por un lado, se tiene clara conciencia de su tamaño reducido y sus limitaciones pero, por otro y al mismo tiempo, se siente la demanda y la responsabilidad, desde la población, por todo lo que haga falta. Probablemente las situaciones más dramáticas las vivan funcionarios estatales cuando llegan a remotos lugares en las fronteras del país, donde la ausencia de Estado es más notoria y, si hay presencia, ésta es tan miserable que en lugar de colaborar a la vigencia y garantía de derechos de los pobladores, se convierte en problema, por la extorsión aduanera y el supuesto control de la llamada fuerza pública, por ejemplo.
Estar en la función pública puede significar motivo de sospecha y escarnio, merecido o no, como la situación de la que estamos siendo testigos y víctimas en los últimos meses, cuando las denuncias periodísticas retoman el ejercicio de esculcar los centavos de cada sueldo y los parentescos más remotos, convirtiendo la fiscalización social en un asunto de tamaño liliputiense, a tal punto que ya no da rabia, sino vergüenza.
Sin embargo, la mayor referencia de institucionalidad que tenemos en el país proviene del Estado. Es desde ese ámbito de donde han salido reformas e instituciones interesantes y todavía vigentes, aunque sujetas a críticas como todo organismo vivo y en estado de infancia, como el Tribunal Constitucional, los gobiernos municipales, el Defensor del Pueblo y las superintendencias. Pero, nuestra impaciencia es tal que a instituciones que tienen menos de 10 años les queremos pedir que se comporten como si tuvieran 200.
En estos tiempos de polarización, cualquier cosita echa leña al fuego. Y resulta que cuando se quiere hablar de miradas y por lo tanto prácticas distintas en la relación entre ciudadanía y Estado, mucha gente pega el grito al cielo (hasta los ateos). Pero, hay nomás que decir que no existe Estado sin ciudadanos, y que éstos —nosotros— somos en gran parte responsables de la forma en que éste se conforma y se maneja. Basta ya de creer que el término mágico de sociedad civil es como hablar de ángeles sin sexo.
Las y los ciudadanos tenemos grandes responsabilidades que reconocer y asumir si de verdad queremos cambios, porque éstos no salen de entelequias de la ciencia política ni de las consignas. Se hacen a pulso, con gente de carne y hueso, porque “No sirve dejar pasar el tiempo para que se vaya lo viejo, porque lo viejo no tiene que ver con la temporalidad sino con la vigencia. Si lo público se construye con instituciones, las instituciones se construyen con hombres —personas—. No se puede construir lo nuevo con los arquitectos de lo viejo en plena vigencia”, como dice el investigador argentino Carlos March.
Este es un desafío que convoca a todos los bandos. No basta con decir que se quiere lo nuevo, hay que sudar la gota gorda para mostrar, con hechos, lo que las palabras ofrecen.
*Carmen Beatriz Ruiz es comunicadora social.
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