La nacionalización de los hidrocarburos decretada por el gobierno del MAS el 1 de mayo del 2006 ha vuelto a poner en discusión la esencia jurídica del concepto. Pese a las cinco nacionalizaciones efectuadas en el país a lo largo de los últimos 70 años, la confusión no sólo persiste sino que se ha ahondado con las dos últimas llevadas a cabo por el MAS.
En la década de los cincuenta, a raíz de la nacionalización de las minas, se desató como ahora, una ardua discusión. Políticamente se la definía como una vía para llegar a la socialización, utilizando procedimientos que transformen la propiedad privada en colectiva. En términos económicos se la definía como un proceso en virtud del cual las empresas fundadas con capital extranjero se convertían de hecho en nacionales, aunque se aclaraba que también se podía llegar a ese objetivo comprando acciones o adquiriendo directamente las empresas. Con estos argumentos es que inclusive en países altamente desarrollados y liberales como Inglaterra, se nacionalizaron algunas actividades productivas y de servicios (minería del carbón), aun sabiendo que esa esencia forma parte de la teoría marxista. Sin embargo, tales medidas sólo fueron posibles cuando los partidos con carácter social como el laborista ascendieron al poder, pero pagando a cambio fuertes indemnizaciones que terminaron favoreciendo a los empresarios privados.
En el fondo, lo que se pretende con este procedimiento de nacionalizar es pasar del capitalismo al socialismo mediante vías democráticas y pacíficas. Para algunos juristas, este tipo de nacionalizaciones, pese a tratarse de verdaderas transferencias, llegan a fracasar porque en verdad no se trataría de una nacionalización correcta, sino de un juego de intereses privados entre los dueños y el Gobierno, donde las ganancias son las que van a pagar las altas indemnizaciones. Es decir, se trataría de otra forma de negocios del gran capital, con intervención y participación directa del Estado que se constituye en fiador.
El general Perón, en Argentina, intentó a fines de los años cuarenta, convencer a los argentinos que adquiriendo toda la carne producida y revendiéndola a nombre del Estado, estaba “nacionalizando” dicho rubro. Tal procedimiento fue duramente criticado por los argentinos, porque consideraban que la sola retención de las divisas generadas, de ningún modo podía llamarse“nacionalización”.
Otro proceso falsamente llamado de “nacionalización” es el de la conformación de empresas mixtas entre el Estado y los capitalistas. En opinión de V. Codovilla, “la empresa mixta es la forma característica de penetración imperialista en los países coloniales y dependientes, porque éstas funcionan como sociedades por acciones, en las que el socio mayoritario es el que termina controlando la empresa”. Por la amplia experiencia de los capitalistas extranjeros en este tipo de negocios, más temprano que tarde llegan a depositar en una sola persona las acciones que les pertenecen para poder influir en la orientación y dirección de la empresa mixta, generalmente en desmedro de los intereses del socio estatal.
En Chile, las nacionalizaciones del gobierno socialista de Salvador Allende se encaminaron por la vía democrática y pacífica, pero a pesar del amplio respaldo social, esos procesos se truncaron violentamente porque se negaron a pagar indemnizaciones, afectando los intereses de los capitalistas especialmente estadounidenses, razón por la que el Gobierno de los Estados Unidos intervino directa y abiertamente en el derrocamiento del gobierno de Allende.
La estatización, en cambio, se la considera como una de las formas más antiguas de socialización aplicada en los países de la Europa occidental. Marca los últimos peldaños que faltan para llegar al colectivismo total, o sea a la socialización.
El término “socialización” expresa la posibilidad de explotar las riquezas directamente por las fuerzas activas de un país, prácticamente por los trabajadores; o sea, el “colectivismo integral”.
Por ello es que se afirma que la estatización es un paso previo y una forma de economía planificada que puede considerarse como un estado intermedio entre la economía libre y la economía socializada.
Bajo este concepto es que en Francia a las empresas privadas que fueron convertidas en empresas del Estado, se las ha llamado “estatizadas”, particularmente después de la primera Guerra Mundial. En todo caso, la indemnización ha sido la condición previa que siempre ha acompañado a todos los modos de “estatización”.
En el gobierno del MAS, sólo la nacionalización de las fundiciones de estaño se enmarca en la definición ortodoxa, mientras que en la de hidrocarburos se muestra una nueva cara que, a pesar de los esfuerzos de sus propulsores, ha generado mayor confusión, razón por la que amplios sectores de la población no concuerdan con las explicaciones gubernamentales.
En resumen, cada gobierno adopta en función a sus propios intereses y programa ideológico, el procedimiento que más le conviene, y no tanto para satisfacer las expectativas y deseos de la gente.
* Hugo Álvarez Pally es abogado, escribe desde Oruro.
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