• EL ENCUENTRO • Representantes indígenas del continente se reúnen en el hotel Radisson de la ciudad de La Paz. Pasó ayer.

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La Paz es sede de la X Reunión de Negociaciones para la búsqueda de consensos del Grupo de Trabajo encargado de elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que terminará el viernes 27 de abril. En el encuentro participan 50 delegaciones de todo el continente americano y representantes de la OEA. Allí llegaron a acuerdos en los temas de organizaciones políticas —en la que se apoya la autonomía—, espiritualidad e identidad cultural.

“Nosotros plantearemos el tema de la autonomía, pero esa autonomía que es aplicada de diferentes formas de acuerdo al territorio donde se la aplique”, afirmó Héctor Huerta, de Panamá, en representación de los indígenas de toda América.

“Existen pueblos indígenas donde ya ejercen la autonomía en sus respectivos territorios. Tienen su propio gobierno, ejercen mecanismos de turismo propios, practican su propia educación; de tal manera que todo se centraliza en un territorio específico”, sostuvo el representante indígena del continente.

Respecto al derecho a la espiritualidad se concentrarán en hacer saber la amenaza que sienten por la llegada de sectas religiosas a sus pueblos “que satanizan las costumbres y tradiciones indígenas”. En relación a la identidad cultural, se dedicarán “a promover la autoidentificación indígena en la que cada gobierno deberá reconocer sus costumbres y tradiciones”, declaró el representante Huerta.

Un tema que aún no tiene consenso está referido a la propiedad privada. Huerta, sin embargo, sostuvo que el principio es claro. “Se rige en la propiedad colectiva indígena en el que se incluyen los recursos naturales. No puede haber un derecho de propiedad colectiva si no hay un respeto a los recursos naturales”, sostuvo el líder indígena.

Sobre el mismo tema, los indígenas americanos propondrán el “consentimiento libre informado”, un proyecto que se asemeja a la propiedad privada individual en el que una persona es dueña de su territorio y nadie puede ejercer derechos sobre éste.

Con la vigencia de esta propuesta “ninguna empresa minera o hidroeléctrica podrá entrar a una comunidad simplemente con el consentimiento del Gobierno; deberá tener también el consentimiento de la comunidad indígena. Si ésta refleja su desacuerdo, se establecerán mecanismo de diálogo, transparentes y con toda la información requerida para ver si un producto determinado conviene o no a dicha comunidad”, explicó Huerta.