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En los procedimientos, la Gendarmería halló 173 bolivianos y un ecuatoriano sin documentación y detuvo a 17 personas, entre ellas ocho coreanos y dos chinos.

Los allanamientos se produjeron por orden del juez Norberto Oyarbide, en función de una denuncia penal por reducción a la esclavitud presentada por la defensora del Pueblo de la capital argentina, Alicia Pierini, el 2005.

Pierini inició la causa tras la denuncia presentada por trabajadores bolivianos de una cooperativa de costureros.

Los registros, que se produjeron en los barrios de Mataderos, Pompeya, Flores, Floresta y Parque Avellaneda, se saldaron con la aparición de cientos de inmigrantes ilegales, en su mayoría bolivianos, entre los que también se encontraban menores de edad que trabajaban junto a sus padres.

En uno de los talleres la Policía halló un galpón dividido por maderas que separaban las diferentes áreas de producción textil, en el que además de la maquinaria se encontraban las camas en las que dormían 58 personas, entre adultos y niños.

“El hacinamiento de esta gente era impresionante y se trabajaba en condiciones pésimas”, denunció Juan Carlos Gamboa, uno de los testigos presentados por la cooperativa.

Asimismo, José Orellana, un boliviano que trabajó en varios de estos locales clandestinos, afirmó que “se trabajaba desde las siete de la mañana hasta la medianoche”. “No nos dejaban salir y la comida que daban la tenía que compartir con mis hijos y mi señora”, destacó.

Virginia, otra testigo de uno de los allanamientos, explicó que “había 20 adultos y cuatro menores trabajando en tres talleres distribuidos a lo largo de un pasillo, donde también había camas”.

En otro de los operativos llevados a cabo ayer se detectaron 33 personas y cinco menores en situación de hacinamiento.

Las denuncias sobre la existencia de este tipo de talleres se vieron incrementadas en el 2006, tras el incendio de uno de estos locales en el barrio de Caballito, en el que murieron seis personas, cuatro de ellas niños. Buenos Aires, EFE

El operativo

La orden • El allanamiento de los talleres clandestinos en Buenos Aires fue instruido por el juez Norberto Oyarbide. La denuncia fue realizada por compatriotas bolivianos y por la defensora del Pueblo de la capital argentina, Alicia Pierini. Se fue a las zonas Mataderos, Pompeya, Flores, Floresta y el Parque Avellaneda.