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Bolivia corre el riesgo de dejar, -o tal vez ya hemos dejado-, de ser una comunidad política, es decir, una comunidad donde impera el consenso sobre la legitimidad del sistema; por ello, desde hace varios, años el orden político se viene deteriorando. No es otra la razón de los cambios gubernamentales de los últimos tiempos.

La inestabilidad que hemos vivido y que, eventualmente, en un futuro no muy lejano puede convertirse en violencia, dependerá de nuestra habilidad para adecuar y modernizar las instituciones políticas para acompañar el cambio social y la movilización de los sectores campesinos, en particular, de los llamados movimientos sociales. En esto radica la importancia del desafío para que la Asamblea Constituyente logre un pacto social aceptado por los menos por tercios de los asambleístas.

Como bien señalaba Salvador Romero P., con motivo de la conferencia que dio Gustavo Fernández en el Instituto para la Democracia de la UCB, no son únicamente las diferencias étnicas las que generan la tensión social. En realidad, la tensión se origina por proceso de urbanización, crecimiento de la alfabetización y la educación, así como por la expansión masiva de los medios de comunicación de los últimos cincuenta años que pone, hoy en día, en evidencia la disparidad entre la vida urbana y la rural. Es verdad que la población del campo en su mayoría es indígena, pero -como dijimos- no es ésa la causa principal de la conflctividad. Si la población rural, en el extremo del absurdo, fuese de k\'aras, pero viviendo el mismo proceso de modernización originado partir de la reforma agraria de 1952, entonces, las tensiones serian bastante parecidas.

Además, estos cambios han socavado los fundamentos tradicionales de la autoridad y de las instituciones políticas, especialmente de los partidos políticos y del Congreso, por tanto, dan lugar a la creación de nuevas formas de asociación, por ejemplo, las juntas vecinales, los comités cívicos o, por la propuesta gubernamental de creación de Consejos de Desarrollo, además de la diversidad de movimientos sociales que no son, precisamente las más eficaces .Todo esto explica en parte el desorden del funcionamiento de nuestra sociedad.

En consecuencia, nuestro reto radica en tener capacidad para crear una autoridad efectiva y eficaz para gobernar y construir el futuro, a partir de una verdadera comunidad política. Esto implica establecer una relación adecuada entre instituciones políticas y las fuerzas sociales que la integran: cambas y collas, indios y cholos, mestizos y blancos, empresarios, trabajadores urbanos y rurales, etc. evitando el riesgo que señalaba Rousseau “que la fuerza se convierta en derecho y la obediencia en deber”

Las instituciones políticas, especialmente la Constitución Política del Estado, debería ser el resultado de acuerdos políticos y sociales, así de la identificación concertada de procedimientos e instituciones para resolver los desacuerdos existentes entre las diferentes fuerzas sociales que conforman la Asamblea Constituyente.

Herbert Müller
es presidente de Müller y Asociados.