Estado de hecho
Ricardo Paz Ballivián*

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El alcalde del pueblo es consultado acerca de una abominable agresión sexual que sufrió una jovencita por parte de un sujeto inescrupuloso y responde: ´Es muy condenable el hecho, pero habría que ir a la causa que lo motivó… la señorita estaba de minifalda a las siete de la noche caminando por ese pasaje oscuro…´. Una respetable autoridad del más alto rango nacional es abordada por la prensa acerca de los desmanes que causaron varios cientos de mineros ante las puertas del Tribunal Constitucional y contesta: ´Es muy condenable el hecho, pero habría que ir a la causa que lo motivó… un diputado opositor presentó una demanda de inconstitucionalidad…´.

Vivimos las consecuencias más nefastas de la anomia social. El Estado de hecho se ha superpuesto al Estado de Derecho. Un diputado nacional, en uso de sus prerrogativas constitucionales, equivocado o no, interesado o no, presenta un recurso que le franquea el ordenamiento jurídico ante el máximo tribunal de control de la constitucionalidad y la respuesta de los supuestamente afectados es marchar, hasta la ciudad de Sucre, con dinamitas, piedras y palos a amedrentar a los magistrados. Las autoridades locales y nacionales, encargadas de proteger y garantizar el imperio de la ley, no sólo que no toman medidas contra el abuso, sino que vapulean al diputado de marras, acusándolo de los desmanes. Es el mundo al revés.

Es el retorno a lo que con propiedad Rousseau llamó el ´Estado de naturaleza´, ecuación social en la que pervive y prospera el más fuerte y el más violento. Las decisiones en ese contexto no se asumen basadas en un ordenamiento jurídico legal, resultado de la existencia de un contrato social respetado por todos, sino en quién es capaz de imponer de cualquier forma su voluntad al prójimo. En ese Estado de naturaleza o de hecho, los débiles están a merced de los poderosos, pero lo que es más grave, los individuos están sometidos a la más ominosa de las dictaduras, la de las corporaciones.

Efectivamente, quienes se hallan organizados en gremios, sindicatos, asociaciones, comités, partidos políticos, etc., tienen la posibilidad de influir definitivamente en el curso de la resolución de los conflictos. En cambio, los individuos no asociados, los que no pertenecen a una corporación determinada, se encuentran desvalidos y sujetos a la arbitrariedad.

No existen sociedades civilizadas, en esta primera década del siglo XXI, que no se adscriban al Estado de Derecho como forma óptima de organización del poder democrático en la sociedad; y su prioridad es siempre vencer cualquier atisbo de autoritarismo o pulsión para retornar al Estado de hecho.

No debemos confundirnos, por más justa que parezca nuestra causa, no tenemos el derecho de imponerla de facto. Respetar la ley es la piedra fundamental sobre la que se erige la convivencia pacífica y el desarrollo armónico de la sociedad.

Hoy, Bolivia está atravesando su desierto. La crisis de Estado que devino en anomia social, está tratando de ser superada mediante un mecanismo de deliberación pacífico y democrático llamado Asamblea Constituyente. Es una muy mala señal que en la misma ciudad donde se fragua el nuevo pacto social, para restablecer plenamente la vigencia del Estado de Derecho, se permita y se aplauda el ejercicio del Estado de hecho.

*Ricardo Paz Ballivián
es sociólogo y constitucionalista.