Algunos cambios en la coyuntura
Horst Grebe López*

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La complicación mayor que se le presenta ahora al Gobierno consiste en administrar simultáneamente varios trayectos con inusuales exigencias en términos de logros verosímiles, estrategias negociadoras y equipos encargados con las consiguientes responsabilidades y riesgos.

Se trata, en primer lugar, de la conducción del MAS en la Asamblea Constituyente, la cual ha arribado al fin a una situación donde se agotaron las posibilidades del vuelteo: las 21 comisiones tienen que entregar algún producto utilizable para el paso a la etapa del ensamblaje de una versión de trabajo preliminar de la nueva Constitución Política del Estado. Todo hace pensar a estas alturas que la mayoría de las comisiones está efectivamente en condiciones de pasar en las próximas semanas de la sistematización conceptual a la elaboración de un conjunto estructurado de artículos en un formato apropiado para discutir la estructura en títulos y capítulos de la futura Carta Magna. En consecuencia, la única incógnita que no ha sido despejada aún se refiere a la eventual aparición de un texto completo originado en la dirección superior del MAS, de una factura conceptual y calidad jurídica que superen largamente los borradores y fragmentos conocidos hasta ahora. En su ausencia, la materia prima con la que tendrá que continuar el trabajo de los asambleístas en sus etapas siguientes consistirá necesariamente en los textos producidos por parte de sus 21 comisiones.

Ambas alternativas necesitan acordar por cierto la secuencia en que se discutirán los respectivos títulos y capítulos constitucionales y así también el procedimiento para buscar algún consenso en los temas críticos que se han identificado con bastante precisión hasta este momento. El manejo de la iniciativa y los tiempos en este ámbito determinará el curso siguiente de las deliberaciones constitucionales en consonancia con lo que ocurra en la esfera política y su prematura electoralización.

Hay que hacer referencia, en segundo término, al desafío que se ha impuesto el Gobierno de cambiar el relacionamiento vigente con varias empresas transnacionales en simultáneo con el retiro del mecanismo internacional de arbitraje del que formaba parte Bolivia.

Por último, también se han manifestado nuevas exigencias a la gestión económica del día a día, derivadas de los desastres naturales y del cambio de expectativas de los agentes económicos en relación al clima económico imperante en el horizonte de mediano plazo en el país. En efecto, la reparación del impacto de los desastres climáticos, los recursos destinados a la compra de activos de Entel y Petrobras y el capital de arranque para el Banco de Desarrollo suman cifras de una envergadura tradicionalmente desconocida en nuestra economía, que menguan por supuesto de manera directa el financiamiento que en otras circunstancias podría haberse destinado a emprendimientos con efecto directo sobre la producción y el empleo decente del futuro.

Los fundamentos económicos que parecían bastante sólidos hace un par de meses, podrían debilitarse si es que no se proporciona un impulso vigoroso a la inversión privada nacional, que es la variable que menos estímulo ha recibido del modelo neoliberal. La autoridad económica sabe perfectamente que no basta la inversión pública para recuperar el crecimiento potencial existente antes de los desastres, y debería tomar en cuenta también que una acción enérgica en este momento facilitaría en mucho las cosas en la esfera política.

*Horst Grebe L.
es economista.