El derecho a la libre educación
Alberto Zuazo Nathes*

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Uno de los mayores derechos consagrados por la democracia confiere a los padres de familia la opción de elegir para sus hijos la educación que mejor les parezca. Solamente un régimen totalitario o fundamentalista puede pretender imponer sus designios y ortodoxias en la trascendental tarea de formar a las futuras generaciones.

A los bolivianos se les está haciendo cuesta arriba vivir en democracia. Pese a que hidalgamente reconocieron el veredicto de las urnas para tener un Gobierno como el actual, que se precia de estar llevando adelante una revolución en democracia, en los hechos, tiende a violarla una y otra vez.

Uno de estos casos es que quiere implantar en el país un fundamentalismo anacrónico, al pretender eliminar la educación privada, a cambio de la fiscal. El proyecto de ley que para el efecto presentó al Parlamento, en el punto 7, del Capítulo Único, respecto a las bases, fines y objetivos de la educación boliviana, dice: “Es fiscal y gratuita en todo el Sistema Educativo y obligatoria en los diferentes niveles y modalidades del subsistema de educación regular, con igualdad de oportunidades, sin discriminación social, cultural y lingüística”.

Lo extraño del caso, que refleja el nivel de confusión o de incompetencia de los redactores del proyecto de ley, es que el artículo 4 (Educación Privada), del Título II, se contrapone a lo anterior, diciendo que “La educación privada en el Sistema Educativo Plurinacional se rige bajo normas del Estado y control permanente, funciona de acuerdo a las bases, fines, objetivos y currículo de la presente Ley…”.

Ante la necesidad de que la opinión pública conozca otras fantasías fundamentalistas del proyecto de ley, que está en estudio en la Cámara de Diputados, es pertinente transcribir también el punto 2 del Capítulo Único, referido a las bases de la educación boliviana. Dice que “Es descolonizadora, liberadora, antiimperialista, antiglobalizante, revolucionaria y transformadora de las estructuras económicas, sociales, culturales, polí- ticas e ideológicas; orientada a la autodeterminación y reafirmación de los pueblos, naciones indígenas originarias, afroboliviano y demás expresiones culturales del Estado Plurinacional boliviano”.

El tope del desvarío es la “contratación” subrepticia de 100 maestros (urbanos y rurales) y de “20 sabios indígenas”, para que elaboren la currícula educativa. A tan “selecto” grupo de gurús no se los conoce, sólo se sabe que costarán al Estado Bs cinco millones.

De prosperar el monopolio de la educación fiscal, el Estado tendría que hacerse cargo de 1.200 colegios privados, religiosos y de convenio, cuando ni siquiera puede cubrir el número de docentes que requiere actualmente.

*Alberto Zuazo Nathes
es periodista.