• PROTESTA EN LA PAZ • Una marcha de los vendedores de ropa usada recorre el centro de la ciudad. Sucedió ayer.

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En medio de esa situación, La Paz volvió a soportar ayer las marchas en las calles del centro de la ciudad y las aledañas a la plaza Murillo. Esta vez, las movilizaciones fueron protagonizadas por alumnos y docentes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la de Siglo XX, que piden ser incluidos en el proyecto de la nueva ley educativa; y los ropavejeros que piden ampliar por tres años el plazo para importar ropa usada.

A ese conflicto se sumó el protagonizado por los policías del Batallón se Seguridad Física Privada, quienes en la noche también firmaron un convenio con el Gobierno y solucionaron su conflicto.

En la mañana, como todos los miércoles, el presidente Evo Morales se reunió con su gabinete. Al final de este encuentro, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, ratificó que el Ejecutivo no cederá ante los pedidos de los salubristas y los ropavejeros.

A esa misma hora, los ropavejeros iniciaron un acercamiento con autoridades del Ministerio de Producción y Microempresa. Propusieron que el Defensor del Pueblo y la Central Obrera Boliviana (COB) estén como mediadores. Pero el Gobierno rechazó esa propuesta. Quedaron en reunirse en la tarde con esos dos organismos como oyentes.

A las 16.30 los vendedores de ropa usada y el Ejecutivo se volvieron a reunir, pero el diálogo se rompió porque el Gobierno les exigió que levanten sus medidas, como la vigilia en la plaza San Francisco y las marchas. “Nos ponen condiciones que no vienen al caso”, denunció Sandro Arraya, dirigente de los ropavejeros.

Luego, pasadas las 22.00, el Ejecutivo anunció la firma del convenio con los salubristas, después de una reunión en el Palacio Quemado. “Se ha firmado un convenio en el cual se han saldado todas las inquietudes que ellos tenían y aumentar el salario básico del 6 por ciento y del bono (de vacuna y antigüedad) también en 6 por ciento a nivel nacional y del 5 por ciento del mínimo nacional”, dijo la ministra de Salud, Nila Heredia.

Por otra parte, anunció que canalizarán el pedido de incorporar a este sector a la Ley General del Trabajo ante la Asamblea Constituyente. En el tema del escalafón, se comprometieron a analizar la propuesta de los trabajadores para que entre en vigencia el 1 de julio.

Los salubristas, para no tener ningún descuento, se comprometieron a compensar horas los fines de semana.
“A partir de mañana la población podrá asistir a los centros de salud”, dijo el máximo dirigente salubrista José Gonzales, cuando levantó la huelga.

La Iglesia pide concertación

La Iglesia Católica, mediante el obispo de El Alto, monseñor Jesús Juárez, pidió paciencia a los sectores sociales y al Gobierno para poder entablar un diálogo para llegar a un pronto acuerdo.

“Quiero pedir a las partes involucradas en el conflicto tener paciencia y poder dialogar con el fin de concertar acuerdos”, sostuvo Juárez ayer en una conferencia de prensa. También pidió recordar todos los mensajes que esta institución emitió durante este último tiempo en relación a los conflictos sociales.

“Mediante estos mensajes, nosotros pedimos que exista un diálogo abierto y sincero entre ambas partes. Solamente así es posible llegar a acuerdos”, sostuvo la autoridad eclesiástica.

Por otra parte, Juárez solicitó que ante todo se respete la dignidad de las personas y los derechos humanos de todos.
Respecto a las condiciones de vida de una persona, Juárez aseveró que “toda persona tiene derecho a un salario digno y que su trabajo sea reconocido y remunerado de acuerdo a la función que desempeña. Por eso, cuando las necesidades no son satisfechas, existen este tipo de problemas en el país”.