Sí a la vida, no al aborto
José Gramunt de Moragas, S.J.*

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Me duele profundamente escribir sobre el aborto. Me duele, tanto por las difíciles circunstancias que llevan a una madre a matar al fruto de sus entrañas, como por la víctima inocente, la más indefensa y desprotegida de la especie humana. Las estadísticas calculan que en América Latina se producen cuatro millones de abortos cada año. En Bolivia se registran aproximadamente 115 al día y de 40.000 a 50.000 al año. Entre las causas de esta cruel carnicería están, la permisividad de las relaciones sexuales, la pobreza que no soporta el mantenimiento de familias numerosas, la falta de una formación sexual adecuada, la presión social sobre la madre soltera, y otras complejidades de la misma vida social.

Sobre estas cifras hay quienes especulan con frialdad inhumana. Sólo con cambiar la fea palabra aborto por el eufemismo de “interrupción voluntaria del embarazo”, y la también equívoca expresión de la llamada “salud reproductiva”, tratan de camuflar el hecho real del homicidio culpable, mediante la legalización total del aborto. Y sin embargo nadie puede discutir que el derecho a la vida es inherente a todo ser humano y exige la tutela de la sociedad entera y particularmente del Estado.

Cuando no se tienen ideas claras sobre cuál debe ser el derecho preferente cuando haya conflicto entre la vida de la madre o la del ser humano ya concebido pero no nacido, hay quien sostiene la legitimidad de sacrificar al “nasciturus” en beneficio de la vida de la madre. En tales casos, es moralmente obligatorio hacer todo lo posible para salvar las dos vidas. Afortunadamente, los avances de la obstetricia y de la neonatología han logrado hacer posible salvar la vida de los dos. Aun así, se dan circunstancias extremas en que la intervención quirúrgica de la madre comporta, como efecto secundario, aunque no pretendido directamente la muerte del feto. Es el llamado aborto terapéutico que no comporta culpa moral de quien lo consiente y practica. Incluso, los expertos en bioética católica presuponen que habría que priorizar la voluntad de la madre, teniendo en cuenta que el ideal ético del amor materno es dar la vida por el hijo. Y en los países donde el aborto está penalizado, el juez deberá tener en cuenta las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes en cada caso. Por otro lado, la sociedad deberá proveer los servicios necesarios para atender, tanto a la madre en circunstancias extremas, como a la criatura por nacer. (Ver Derechos humanos, fundamentación y debate, del Dr. Miguel Manzanera, S.J. Edit. Verbo Divino) En muchas partes del mundo y en Bolivia, la Iglesia sostiene hogares de acogida para madres en situaciones difíciles y para criaturas salvadas del aborto. ¿Qué hace el Estado?

Hecha esta escueta explicación doctrinal, la exitosa visita del Pontífice al Brasil dio la oportunidad de que más de 35.000 jóvenes de distintas nacionalidades pronunciaran un atronador juramento de “defender la vida y decir ‘no’ al aborto”. Este acontecimiento marca una vez más la irrenunciable vocación de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos y, en particular, del valor de la vida y de la familia. Benedicto XVI ya se ha manifestado repetidas veces en esta dirección.

*José Gramunt
es sacerdote jesuita y director de ANF.