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La primera de estas políticas tiene que ver con el “desarrollo y ordenamiento territorial empezando por una zonificación agroecológica indicativa de las tierras disponibles para los cultivos bioenergéticos, así como el ordenamiento de los incentivos y penalidades para el uso de bosques, agua, etc.”, señala el informe de esta organización.

En segundo lugar están las “políticas tecnológicas que exploren todas las posibilidades de materias primas de la región y que sean accesibles a los pequeños agricultores orientados a tecnologías de pequeña escala, tanto para el uso agrícola como para el industrial y de consumo final como combustible para motores”. En tercer lugar, señala la FAO, están las “políticas de regulación de los mercados de productos y servicios que definan claramente el marco regulatorio del uso de los biocombustibles, las normas de comercio, sus incentivos e impuestos, etc.”.

Finalmente, se necesitarían políticas de “mejoramiento de las relaciones contractuales entre los diversos actores de la cadena productiva desde la producción primaria hasta el consumidor final, incluyendo la inserción de la agricultura familiar y la garantía de los derechos laborales”, señala el estudio de la FAO.