El problema del comercio de ropa vieja
Rolando Morales Anaya*

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El Gobierno ha dispuesto la prohibición de importar ropa usada a partir del año que viene; por otro lado, los miles de comerciantes de estos artículos se oponen a dicha medida. En este conflicto, algunos importantes aspectos aún no han sido mencionados. Por una parte, no se dice que varios millones de bolivianos se visten de ropa usada importada. Segundo, que la capacidad de la oferta doméstica para satisfacer la demanda interna es reducida, a pesar de los importantes avances realizados en los últimos 10 años. Tercero, que la manufactura de confección nacional es muy competitiva y puede serlo más aún.

El conflicto se encuentra encaminado hacia situaciones de violencia que habría que evitar. Como premisas básicas para darle una solución, es necesario reconocer la necesidad de apoyar a la industria nacional y, simultáneamente, no crear problemas de desequilibrio entre oferta y demanda, lo que daría simplemente lugar a fomentar el contrabando. ¿Cómo hacerlo?

Por mi parte, sugiero que se inicie negociaciones en torno a una agenda que establezca líneas de confección reservadas a los productores nacionales y otras de libre importación. Esta agenda debería ser revisada periódicamente, por ejemplo, cada dos años, ampliando, en cada revisión, la parte del mercado que corresponda a los productores nacionales. La negociación en este caso, como en otros, es imprescindible teniendo en cuenta la debilidad de nuestras instituciones para hacer cumplir las normas. Una negociación similar a la que propongo y que tuvo mucho éxito se relaciona al comercio de CD de música que logró que los comerciantes callejeros se abstengan, voluntariamente, de vender música nacional pirateada. Siguiendo este ejemplo, se podría lograr que los ropavejeros no internen las líneas de confección reservadas para los productores bolivianos.

Paralelamente, sería conveniente adoptar políticas industriales orientadas a ayudar a los productores nacionales a aumentar su competitividad y el volumen de su producción de manera a cubrir poco a poco el mercado nacional y poder exportar. Los créditos o donaciones que el Gobierno está ofreciendo para la reconversión de los ropavejeros deberían beneficiar a los productores para que éstos puedan incrementar su producción. Entregar esos subsidios a los ropavejeros no tiene sentido, pues, podría tener el efecto de aumentar las importaciones indeseadas.

Entre las políticas de fomento a la industria tiene que introducirse la legislación de defensa contra prácticas desleales de comercio que frene o penalice con aranceles elevados la internación de productos con precios que no corresponden a sus valores de mercado en sus países de origen, pues, parte de la ropa llamada vieja o usada es, en realidad, ropa nueva, comprada en almacenes que liquidan sus existencias a precio de gallina muerta por cambio de estación. Parte de la ropa usada podría también entrar bajo las sanciones de esta ley.

Finalmente, cabe recomendar la reposición del Ministerio de Industria como institución imprescindible para diseñar y ejecutar políticas de desarrollo industrial.

*Rolando Morales A.
es economista.