• DENUNCIA • El Presidente, ayer en el Palacio, dijo que el Tribunal tomó una decisión política más que jurídica.

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La acción de Morales ocurrió seis días después que los tribunos ordenaran dejar cesantes a cuatro magistrados de la Corte Suprema por haber cumplido tres meses de interinato. Esta decisión fue cuestionada por el Jefe de Estado, quien dijo que los tribunos ´sólo tienen una tarea: decir qué es constitucional y qué es inconstitucional, pero no tienen por qué suspender las actividades de los miembros de la Suprema, lo que ha demostrado que el Tribunal es el que toma decisiones políticas y no jurídicas´.

La denuncia, que está basada en el artículo 62, inciso 3) y 66, inciso 1) de la Constitución Política del Estado y la Ley 2623 de 22 de diciembre de 2003, es contra los tribunos Elizabeth Íñiguez de Salinas, Martha Rojas Álvarez, Artemio Arias Romano y Wálter Raña Arana, por la comisión de los siguientes delitos: Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y prevaricato de conformidad con los artículos 153, 154, 161 y 173 del Código Penal en vigencia.

La denuncia fue interpretada como un intento de buscar ´un golpe judicial´, por el jefe de Podemos, Jorge Quiroga, quien lamentó el ´ataque virulento´ del Primer Mandatario contra los tribunos, a quienes Morales acusó de ser resultado del cuoteo político.

En esa línea, el senador podemista Carlos Borth anticipó que la acusación ´no pasará´ en el Senado, donde la oposición tiene mayoría, por considerar que el Presidente actúa políticamente.

´Hay una actitud de amedrentamiento que busca evitar que cualquier juez se atreva a fallar en contra del Gobierno´, advirtió su colega Óscar Ortiz, para luego anunciar que ´vamos a defender siempre al Poder Judicial´.

La ley para juzgar a las autoridades judiciales abre las puertas para que el voto de la mayoría simple en la Cámara Baja pueda decidir la acusación y consecuente suspensión y reemplazo de las autoridades cuestionadas.

El artículo 22 de esa norma señala que la Cámara de Diputados puede, por mayoría absoluta (62 votos) aprobar el proyecto de acusación previamente aprobado en la Comisión de Constitución. El MAS tiene 72 votos.

El artículo 23 explica que si se aprueba esa acusación, ´conllevará la suspensión del imputado en el ejercicio de su cargo y se procederá a su reemplazo´. El ex viceministro de Justicia Óscar Alarcón confirmó que ´esa suspensión puede ser automática´.

Entretanto, los miembros del Tribunal se excusaron de la prensa y el Colegio Nacional de Abogados, mediante un comunicado público, respaldó a decisión que tomaron los tribunos.

Pasos del procesamiento

Carta Magna • El inciso 3 del artículo 62 de la Constitución Política del Estado establece que corresponde a la Cámara de Diputados ´acusar ante el Senado a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los Consejeros de la Judicatura, al Fiscal General de la República por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones´

Ley del 22/12/ 2003 • Establece que la persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito en el que hubiera participado una o varias altas autoridades del Poder Judicial podrá denunciarlo ante el Presidente de Diputados, quien remitirá las denuncias a la Comisión de Constitución, al Ministerio Público o a la Policía.

Debate • Si pasa a la Comisión y si ésa instancia acusa de delito a las personas involucradas, se tienen 10 días para el plenario.

Suspensión • Para la aprobación se necesita el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros presentes de Diputados. La aprobación de la acusación ´conlleva la suspensión del imputado en el ejercicio del cargo y se procederá a su reemplazo´, señala la ley del juzgamiento de altas autoridades del Poder Judicial.