La guerra de los tribunales enfrenta al Poder Ejecutivo con el Judicial. “Malum signum” si es que aspiramos a consolidar el Estado de Derecho, tal como dicta la razón política así como lo recomiendan todos los países y las entidades dispuestos a cooperar al desarrollo, tanto institucional como socioeconómico de Bolivia. Sin Estado de Derecho, la arbitrariedad de la consigna ideológica es la que manda. La intención de politizar la administración de la justicia es someter al país al capricho de los pasajeros detentadores del poder.
Cada una de las partes en conflicto alega sus propias motivaciones que frecuentemente son sinrazones. Y este es el problema: que la pelea está más politizada que jurídicamente fundamentada. O dicho de otra manera: el fondo de la cuestión radica en que la “revolución social-comunitaria” capitaneada por el MAS, se propone el dominio absoluto del poder político. Lo que significa que, una vez ganada la mayoría en Diputados (aunque no en Senadores), aspira al control de la justicia. Con los tres poderes en sus manos, tal como ese partido ha aprendido de los regímenes autoritarios (Cuba y Venezuela) se acabó el pluralismo democrático y las plenas libertades ciudadanas. Ya lo advirtió el Papa en Brasil, en su último discurso a los obispos latinoamericanos cuando reconoció con preocupación la tendencia de algunos países de la región a los autoritarismos.
Si el Gobierno del MAS sigue la batalla contra el Poder Judicial, no es impensable que prosiga con otras instituciones. Ya circulan anuncios de establecer controles a la prensa independiente. Y puesto que el Gobierno boliviano ha optado por imitar a Hugo Chávez, y que este caudillo la ha emprendido con los medios de comunicación, cancelando la licencia del canal de televisión más antiguo de su país porque no se sometió a la política del “jefe”, no es imposible la “migración” a Bolivia de este atropello a la libertad de pensamiento y de prensa. Contamos con señales suficientemente indicativas de estas intenciones. Primero, los continuos ataques verbales del Señor Presidente contra los medios de comunicación porque no colaboran como él quisiera con el Gobierno. Segundo, por declaraciones explícitas de algunos periodistas adictos al MAS que proponen la autocensura como camuflaje de la servidumbre periodística al poder gubernamental. Si estas señales fueran más adelante, entraríamos a una “guerra de los medios” como hubo una “guerra del agua”, otra del gas, y la más reciente, de los tribunales.
Lo sugestivo de la “guerra de los medios” es que su preparación cuenta con el apoyo de Cuba y de Venezuela, prístinos modelos de libertades democráticas, en particular, la de prensa. El anuncio de una reunión de artistas e intelectuales que se realizará próximamente en Cochabamba, será honrada con la participación de los ministros de Cultura de Cuba y Venezuela, según lo informó el embajador cubano. Más claro, agua. Me pregunto qué nos pueden enseñar esos señores ministros y el coro de quienes los secundan, sobre la libertad de prensa si sus países son un vergonzoso ejemplo de todo lo contrario, con cierres de canales y presos en la cárcel.
*José Gramunt es sacerdote jesuita y director de ANF.
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