La independencia de poderes
René Cardozo S.J.*

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

El problema suscitado entre el Tribunal Constitucional y el Poder Ejecutivo vuelve a colocar sobre la mesa de discusión el álgido problema de la independencia de poderes. La Constitución Política del Estado es clara al respecto: “la soberanía reside en el pueblo; es inalienable e imprescriptible; su ejercicio está delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La independencia y coordinación de estos poderes es la base del gobierno. Las funciones del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial, no pueden ser reunidas en el mismo órgano”. (Art 2º)

En base a dicho artículo se establece una independencia y coordinación como base para el gobierno. De esta forma, se excluye toda independencia absoluta de los distintos poderes del Estado, lo que provocaría una grave fractura en la administración pública y podría constituir un gran obstáculo al propio desarrollo social. El enfrentamiento entre poderes no hace bien a un Estado que quiera elaborar cambios profundos y políticas de Estado en el largo plazo. Al contrario, este enfrentamiento puede minar la posibilidad de construir una nación fuerte, fundada en un Estado eficiente.

Por otro lado, así como no se trata de una independencia absoluta, tampoco se puede caer en el otro extremo de una coordinación que vaya hasta la sumisión y dependencia de un Poder del Estado, sobre otro. Y quizá uno de los problemas actuales del Poder Judicial es que mientras que la legitimidad de los poderes Legislativo y Ejecutivo se sustenta en el voto ciudadano, lo que constituye una especie de fiscalización social, el Poder Judicial encuentra su legitimidad en la votación del Congreso Nacional, lo que lo coloca en relación de dependencia de otro Poder del Estado.

Y si bien el Congreso Nacional debe reflejar el mapa del conjunto político y social de la nación, este espacio puede corromper su función para defender intereses más estrechos y político-partidarios. Ni siquiera los dos tercios del Congreso Nacional garantiza una sana independencia, sino coloca a las instituciones a la sobra del cuoteo político de los cargos jerárquicos del Estado.

Quizá, en momentos en que la Asamblea Constituyente debate el nuevo Estado, sea oportuno pensar la pertinencia de una instancia amplia y plural, que como Consejo de Estado pueda elaborar ternas para la designación de autoridades importantes en los poderes del Estado. Este Consejo podría estar integrado por miembros del sistema político y la sociedad civil, que garanticen un mínimo de idoneidad en los diferentes nombramientos, alejándolos de injerencias de grupos de poder que desvirtúan cada vez más las instituciones democráticas.

*René Cardozo
es sacerdote jesuita
y diplomado del Instituto de
Estudios Políticos de París.