Esta pregunta, ¿hacia dónde va América Latina?, nos congrega a varios colegas en una isla en la Patagonia argentina. Isla Victoria se llama, aunque el optimismo no campea en las intervenciones acerca de los derroteros de nuestras sociedades. Una de las preocupaciones está referida al Estado, a su diseño y a su papel en esta época de crisis, de globalización y particularismos. Y esto nos conduce —me conduce— a pensar uno de los temas centrales de nuestro debate constituyente, esto es, el Estado plurinacional, asumido por el partido de gobierno como consigna o propuesta.
La plurinacionalidad es un metadiscurso que engloba una serie de demandas que reclaman el reconocimiento del pluralismo en diversas facetas (jurídico, religioso y lingüístico), como expresiones de la diversidad étnica y cultural. Sin duda, algunos problemas de la propuesta de Estado plurinacional provienen de la pretensión de establecer pautas de pluralismo político a partir del reconocimiento de actores con un sello identitario particular y con atribuciones y derechos específicos, bajo el criterio de autorrepresentación y participación directa mediante procedimientos distintos al voto universal y directo. El énfasis en la legitimidad de la representación y en la participación social minimiza la importancia de la eficacia en el proceso político decisional y de la estabilidad político-institucional, al margen de establecer pautas de representación y participación privilegiando unas identidades culturales en desmedro de un criterio general de ciudadanía.
Con todo, la propuesta de Estado plurinacional presenta matices entre la formulación del MAS y algunas propuestas más radicales. Es, a mi juicio, un pluralismo nacional atenuado que relativiza la “política de la identidad” que caracteriza el discurso indigenista. Así, aunque la propuesta del MAS adopta el apelativo de plurinacional en la caracterización del Estado e interpela a las nacionalidades indígenas como sujetos colectivos, no hace énfasis en el “derecho a la autodeterminación de los pueblos”. Esto lleva a discutir la idea de nación. El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural permite pensar en un proyecto de nación plural que no niega los avances en la conformación de una nación cívica, aspecto que se expresa en la reiterada apelación al carácter unitario del Estado en el conjunto de propuestas de reforma constitucional.
Se trata pues de pensar la nación boliviana como una colectividad multicultural y pluriétnica conformada por ciudadanos y no por nacionalidades. Se trata de concebir el Estado como una comunidad política que reconoce las diferencias pero las integra en un sistema de derechos que provee igualdad a las personas y se asienta en el pluralismo cultural. La incorporación de nuevos elementos de pluralismo que expresen la diversidad social en la nueva Constitución debe contemplar el pluralismo religioso y lingüístico, así como el reconocimiento de autonomías indígenas en los niveles local y departamental de acuerdo a su composición étnica y cultural.
*Fernando Mayorga es sociólogo.
La colonialidad de la justicia
Un Tribunal Constitucional intercultural sería la instancia jurisdiccional que buscaría, por una parte, articular las dos justicias del país: la ordinaria y la comunitaria y esto sería dar lugar al pluralismo jurídico.
La independencia de poderes
El problema suscitado entre el Tribunal Constitucional y el Poder Ejecutivo vuelve a colocar sobre la mesa de discusión el álgido problema de la independencia de poderes.