Justicia independiente
Carlos Alarcón*

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En Bolivia todavía no hemos podido consolidar un sistema de justicia independiente, impermeable a la manipulación e injerencia de caudillos y de grupos políticos, económicos y sociales de poder; sometido únicamente al imperio de la ley, al valor de la justicia y a la conciencia de sus magistrados. ¿Cuál es la causa principal para este déficit de nuestra historia republicana, especialmente en las últimas décadas de nuestra vida institucional? La depravación y degeneración en la práctica de nuestro mecanismo de designación de las máximas autoridades del Poder Judicial, a cargo del Congreso Nacional con dos tercios de votos del total de sus miembros o de los miembros presentes.

Este monopolio que ejerce el Congreso Nacional en la designación de los jueces y fiscales de mayor jerarquía en el Poder Judicial, en los hechos, ha dado como resultado que tengamos una justicia y Fiscalía parcelada, repartida entre las distintas fuerzas e intereses políticos existentes en su seno; con grave daño para el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática del país, en aquellos casos de la mayor importancia para estas fuerzas e intereses, en los que las sentencias y requerimientos únicamente guardan una apariencia de independencia e imparcialidad y de sujeción a la Ley y el Derecho, cuando en realidad responden de manera interesada y sesgada al factor de poder al que deben obediencia.

Es una constante en nuestra vida institucional el afán de los gobiernos y partidos políticos de turno, del oficialismo y de la oposición, por controlar y someter a la justicia y a todas las instituciones apolíticas de control a sus designios y deseos. El que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Y, lo que es más lamentable, la existencia de algunas decisiones judiciales, en los casos más sensibles para esta constelación de intereses, que no responden al derecho y la justicia.

El primer paso para cambiar este sombrío panorama consiste en romper el monopolio del Congreso Nacional, en la nueva Constitución, para llevar a cabo este tipo de designaciones. La alternativa, un Consejo de la Magistratura compuesto por representantes del Estado y de las instituciones especializadas de la sociedad civil podría garantizar mejores designaciones. El magistrado designado no le debería su cargo únicamente a lo político o a lo social y estaría en condiciones de hacer respetar su independencia e imparcialidad frente a cualquier factor de poder. El segundo paso, la igualdad de categoría, derechos y remuneración de todos los jueces, fiscales y defensores públicos, que pertenecen al sistema formal de justicia, para que no tengamos una justicia de primera en las ciudades y en las instancias superiores y una justicia de segunda en las provincias y en las instancias inferiores. El tercer paso, la creación de la Justicia Municipal en los municipios del país, como lo propone la FAM, para que resuelva el 80% de las causas civiles, familiares, laborales y contravencionales.

*Carlos Alarcón
es abogado constitucionalista.