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El requerimiento surgió cuatro días después que Morales denunció, en un acto en Betanzos, que el país había sido afectado gravemente en su economía por la corrupción del Poder Judicial.

"El atentado y avasallamiento a la institucionalidad del Poder Judicial en su conjunto, no tan sólo se patentiza a través de calumniosas e irresponsables acusaciones sin fundamento jurídico legal, sino también de las falacias expresadas por el Primer Mandatario de la República, quien de manera irresponsable realiza aseveraciones falsas y mentirosas, como que en el Poder Judicial se habría 'robado' 300 millones de dólares, acusación mal intencionada que negamos y rechazamos enfática y terminantemente, conminando al Presidente a demostrar y probar, puesto que si no lo hace, adecua su conducta a tipos penales descritos en la ley penal", señala el voto resolutivo aprobado en sala plena.

Explica que esta es una respuesta a las ofensas calumniosas e irresponsables vertidas por el Presidente de la República y una reacción "ante la infamia vertida que tiene como propósito defenestrar a un Poder del Estado y atentar contra la institucionalidad del país, poniendo en riesgo la seguridad jurídica y el Estado Democrático de Derecho".

Paralelamente, los magistrados solicitaron a la Agencia Internacional para el Desarrollo (Usaid) en Bolivia un informe sobre una encuesta que podría haber dado origen a las críticas del Jefe de Estado y su director, Michael J. Yates, respondió —según señala un despacho de ANF desde Sucre— que el trabajo no identifica a este poder como de mayor índice de corrupción y que el monto total calculado por la encuesta en pagos de coimas es de 33,6 millones de dólares.