La Protección de los Refugiados
Flor Rojas*

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Ante el interés manifestado por los medios de comunicación, y la opinión pública, sobre la situación de las personas refugiadas en Bolivia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) considera oportuno subrayar aspectos fundamentales relacionados con la Protección de Refugiados.

En primer lugar, resulta preciso destacar el carácter apolítico, civil y humanitario del asilo, que se asienta sobre el respeto a los Derechos Humanos y los principios de solidaridad y cooperación internacional. El hecho de reconocer a una persona refugiada como tal, carece completamente de carácter político y no debe influir de manera alguna en la relación entre los Estados.

El derecho de buscar y recibir asilo está enmarcado en numerosos instrumentos internacionales que el Estado de Bolivia se ha comprometido a respetar. Entre éstos se encuentran la Convención de 1951 y su Protocolo Adicional de 1967 a los que adhiere Bolivia en 1982, y que hoy gozan de un alto grado de aceptación mundial ya que han sido ratificados por 147 estados.

Dada la especial situación de vulnerabilidad que atraviesan las personas refugiadas —quienes llegan huyendo de los horrores de la guerra, o de persecuciones por sus creencias religiosas, origen étnico, pertenencia a determinado grupo social o sus ideas políticas— así como los graves riesgos de seguridad a los que podrían estar expuestos tanto las personas refugiadas como sus familiares, debe resguardarse la estricta confidencialidad de toda la información y datos personales referidos a estas personas.

Varios instrumentos de derechos humanos aseguran el derecho de toda persona a su privacidad y a no ser objeto de injerencias arbitrarias. Por ejemplo, el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que ´nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia´. El artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone lo mismo, así como lo hace la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en su artículo 11).

Las conclusiones del Comité Ejecutivo del ACNUR señalan que ´el registro de refugiados y solicitantes de asilo debe respetar los principios fundamentales de la confidencialidad y que el personal que lleva a cabo el registro debe tener instrucciones claras sobre los procedimientos y requisitos para el registro, con inclusión de la necesidad de guardar la confidencialidad de la información reunida´.

La Confidencialidad que se impone al tratamiento de las peticiones individuales de solicitantes de asilo y refugiados no pretende limitar el legítimo interés que autoridades del Estado, distintas de la Comisión Nacional del Refugiado (CONARE), puedan tener sobre la situación de los refugiados en el país. Sin embargo, el modo en que se brinde dicha información y la finalidad para la cual pretenda ser utilizada deben asegurar adecuadamente el pleno respeto de los principios que rigen la Confidencialidad.

Veinte estados latinoamericanos (entre ellos Bolivia) reconocieron en el año 2004 que la situación de las personas desplazadas y refugiadas en la región amerita de atención especial. Elaboraron de forma conjunta, un plan de acción (el Plan de Acción de México) para brindar soluciones creativas y eficaces para estas poblaciones. Desde entonces, los países han redoblado sus esfuerzos para avanzar en esta dirección, mediante la adopción de sólida legislación en la materia, y un mayor apoyo de instituciones públicas y privadas a la integración socioeconómica.

En Bolivia, el ACNUR firmó recientemente dos acuerdos destinados a fortalecer la protección de las personas refugiadas en el país uno con la CONARE y el otro, con el Defensor del Pueblo de Bolivia. Mientras que el primer acuerdo busca dinamizar la tarea de evaluación de las solicitudes y reconocimiento de la condición de refugiado que lleva a cabo la Comisión, el segundo apunta a avanzar en el fortalecimiento del marco nacional de protección a los refugiados mediante una serie de actividades conjuntas incluyendo campañas de información pública así como talleres de capacitación para funcionarios públicos, y la sociedad civil. Asegurar el pleno respeto de los derechos de los hombres, mujeres y niños refugiados es un indicador del grado de respeto por los derechos humanos y refuerza el histórico compromiso político y humanitario de la República de Bolivia con la protección de las personas refugiadas.

*Flor Rojas
es Representante Regional
del ACNUR para el Sur
de América Latina.