Épocas como la presente, de profundos cambios políticos y recomposición del esquema de poder, no suelen discurrir sin tensiones ni conflictos. No obstante, existen algunos factores favorables que podrían atenuar las cosas si se aprovecha sabiamente este momento en que de manera excepcional se han combinado dos circunstancias poco frecuentes en nuestra historia anterior. En efecto, raras veces antes se dieron condiciones de hegemonía legítima con disponibilidad de excedente en dimensiones completamente inusuales.
Resulta también propicio que por fin se perciban los primeros atisbos del necesario debate de los temas medulares de la reforma constitucional, cuyo despliegue sin embargo recién tomará verdadero aliento en el momento en que el partido oficial presente su propuesta de articulado para la nueva Constitución Política del Estado.
Si no se aprovecha la coyuntura favorable, con el paso del tiempo sin realizaciones verdaderas, podría perderse una oportunidad histórica para sentar los cimientos de una nueva organización del Estado, refundar el sistema político y colocar las bases de un nuevo patrón de desarrollo económico. El país necesita en efecto propuestas macizas que reflejen al mismo tiempo la nueva constelación hegemónica, inauguren un estilo diferente de gestión pública intercultural y promuevan un crecimiento económico capaz de sustentar una mayor cohesión social entre los bolivianos.
El concepto de cohesión social expresa principalmente un sentimiento primario de pertenencia a una comunidad política, y se refuerza en el tiempo mediante la instrumentación sistemática de un conjunto de políticas públicas conducentes a garantizar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos por parte de todos. La más amplia redistribución de ingresos y oportunidades desde los tradicionalmente más favorecidos hacia los grupos y sectores más postergados, es ciertamente uno de los mecanismos principales para afianzar la cohesión social y la gobernabilidad democrática en términos dinámicos.
Por eso, la cohesión social tendría que formar parte de los objetivos incorporados en los primeros artículos de la nueva Constitución Política del Estado. En una sociedad tan desigual y fragmentada como la nuestra, la perspectiva de una convivencia pacífica fundada en la unidad y solidaridad de todos los bolivianos sólo es posible mediante la adopción de un elenco renovado de políticas económicas y sociales, cuyo denominador común debería consistir en el afianzamiento de la ciudadanía y los derechos y deberes individuales y colectivos que la caracterizan, a partir por cierto de una generación dinámica y una redistribución equitativa del excedente económico.
Por consiguiente, el verdadero cambio de la gestión pública no consiste a mi juicio primordialmente en una modificación de los medios e instrumentos, sino en primer lugar en una reformulación intercultural de los fines y objetivos de nuestra sociedad, que tampoco puede imaginarse aislada del contexto sudamericano del que forma parte. Y en este sentido, resulta preocupante que la disponibilidad circunstancial del excedente proporcionado por los hidrocarburos pudiera agotarse pronto sin haber rendido frutos en términos de la reconversión productiva y la profundización de la cohesión social. Ambos procesos serán ciertamente más difíciles en el futuro si acaso el despilfarro presente nos coloca de nuevo ante la situación de carencia estructural de excedente en nuestra economía.
*Horst Grebe L. es economista.
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