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En el momento en que el gobierno, con mucho enojo, planteó que había que enjuiciar al Tribunal Constitucional por la decisión que tomó respecto de los cuatro Supremos nombrados de manera interina por el Ejecutivo. En el instante en que el Presidente y muchos ministros lanzaron duras críticas y, hasta adjetivos, contra el Poder Judicial, muchos bolivianos, entre ellos representantes de la oposición se alarmaron, reclamaron con justo derecho la necesidad del respeto a la independencia de poderes, plantearon la necesidad de la existencia de check and balances en nuestra democracia.

Pero, aunque el oficialismo siguió atacando al Poder Judicial, paralelamente, aceptó que el Parlamento nombre a nuevos supremos que, inclusive, podrían ser los mismos que nominó de manera interina. Qué significa todo eso, quiere decir que más allá de sus reproches y adjetivos contra el Poder Judicial, tomó en cuenta la decisión del Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo no deja de atacar a la justicia, pero, tuvo que aceptar la institucionalidad. Muchos podrán decir que esto último es forzado, que no le nace de adentro. Pero, más allá de los adjetivos, dígase lo que se diga, el Ejecutivo optó por el respeto de las instituciones. Esto hay que tomarlo en cuenta. Y, más que eso, en el fondo este es un mérito de la democracia representativa construida en estos 25 años, años, pues ella nos condujo a tener cierto apego a las instituciones, respeto que no existía en el pasado. De manera que en Bolivia no basta ver la nubes negras, sino que también es necesario destacar los elementos positivos, como que éste, que expresan respeto por la institucionalidad.

Carlos Toranzo
es Director de Tiempo Político.