La democracia y la tunkuña
Juan L. Cariaga*

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Los gobernantes tienen que entender que, por muy buenas que sean sus intenciones, no pueden simplemente atropellar la institucionalidad, el orden establecido o la democracia, que son instrumentos que garantizan que el poder no se quede en pocas manos.

En efecto, los gobiernos y los gobernantes, por muy legítimos que sean, no pueden desconocer o cuestionar, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Constitucional de la Nación o de la Corte Suprema de Justicia, cuando éstas, en legítimo cumplimiento de sus deberes constitucionales, corrigen acciones y decisiones del Poder Ejecutivo, que no se encuentren precisamente enmarcados dentro de los límites establecidos por la Constitución Política del Estado boliviano.

En otras palabras, el obtener el 50 más uno por ciento en las elecciones generales —cosa que ocurre con frecuencia en la mayor parte de los países del mundo— no le da derecho a ningún gobierno o a ningún gobernante a tratar de someter a otro poder del Estado, bajo el pretexto de que éste no acompaña el cambio en el que el Poder Ejecutivo está empecinado.

¿Y, de qué se le acusa al Tribunal Constitucional? Se le acusa de haber sentenciado la ilegalidad de las designaciones de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, efectuadas por el Poder Ejecutivo con carácter interino, cuando éstas exceden el plazo de 90 días.

Por supuesto… no se necesita ser un destacado jurista para entender que, si bajo el pretexto de que el Congreso Nacional no designa a los ministros de la Corte Suprema —cuando el partido gobernante, que no cuenta con los 2/3 necesarios, parece no querer concertar con la oposición la elección de candidatos en base a los méritos y deméritos— simplemente no es posible hacer nombramientos interinos, sin afectar la separación de poderes del Estado y la independencia plena que debe tener el Poder Judicial.

Y, lo mismo sucede con otras designaciones que también debe hacer el Congreso Nacional, para nombrar a los presidentes del Banco Central, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Corporación Minera de Bolivia y de las otras empresas estatales, que son instituciones autárquicas y, por lo tanto, sólo tienen tuición (que quiere decir protección y no injerencia) de parte del Poder Ejecutivo.

El Gobierno tiene que comprender que el carácter autárquico de estas instituciones debe garantizar que éstas no sean manejadas con propósitos políticos, dado que estas empresas no son propiedad del Poder Ejecutivo, sino del Estado boliviano, del que formamos parte todos los ciudadanos, así creamos o no en el proceso de cambio, en el que está empecinado el partido gobernante.

Lo propio sucede con las entidades reguladoras, llamadas superintendencias, que tienen la función de fungir como jueces administrativos, cuando existan conflictos entre los usuarios (que es la mayor parte de la población), las empresas proveedoras de servicios y el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el nombrar superintendentes interinos en estos cargos, crea un grave conflicto de intereses, donde el Poder Ejecutivo no puede ser ´juez y parte a la vez´.

Así como en la ´tunkuña´, llamada también rayuela, la democracia también tiene sus reglas de juego. La gran diferencia es que, mientras la primera es un simple juego de ñoños, la segunda garantiza que, en el peligroso juego político, el poder no se concentre sólo en pocas manos. En la ´tunkuña´ si uno se sale de la raya, queda automáticamente eliminado. En la democracia, uno no puede salirse de la raya, porque, de otra manera, se afectarían los derechos democráticos de los demás.

Todo lo dicho anteriormente no exime de culpa a los gobiernos que, en el pasado, a título de darle gobernabilidad al país, se ´cuotearon´ el Poder Ejecutivo, las empresas públicas y las entidades reguladoras.

*Juan L. Cariaga
es economista y escritor.