Gran parte del cambio histórico que ha vivido el país en la última década, tiene que ver con una batalla: sistema y antisistema. Si la construcción del sistema democrático de 1982, que costó tanto sacrificio y tanta sangre boliviana, no fue capaz de responder a las expectativas del país, había que enfrentarlo y derrotarlo. La cuestión de fondo fue si se debía derrotar al sistema o se debía derrotar al modelo. ¿Modelo y sistema fueron una sola cosa o eran dos distintas?
La imposición de las reformas estructurales de 1985 y 1993, se basó en algunas premisas, la consolidación del mecanismo político, un trípode de partidos (MNR, ADN, MIR) que controló el poder político entre 1985 y 2003, la construcción de una institucionalidad democrática prácticamente inexistente, y finalmente la adscripción a un modelo económico impuesto en el mundo tras la caída del Muro. El proceso de modernización iniciado en el 93 se basó en esas premisas y aunque sus aportes marcaron características particulares, el hecho es que su realización fue la aparente culminación de una obra cuya coherencia parecía incuestionable. Pero no lo fue, por razones que se han repetido hasta el cansancio y que puede resumirse en un progresivo e irreversible envilecimiento de la mayor parte de los mecanismos esenciales que lo hicieron posible.
El anonadamiento de la vieja izquierda, de los sectores populares, indígenas y regionales emergentes, fue cambiando poco a poco. Ante la pretenciosa pregunta que hicieron quienes concibieron el modelo de, ¿si no es esto, qué es?, la primera respuesta fue el silencio, luego la organización soterrada, después la acción directa. Pero he aquí que si el tiempo había cambiado, cambiaron también los métodos. Esto condujo a una confusión en la confrontación que estalló en el año 2000. El error fue confundir sistema y modelo, porque sus creadores habían mezclado ambas cosas y se habían apropiado de la totalidad de sus espacios. Ante la incapacidad de los teóricos del socialismo real derrotado por la historia, la batalla ideológica de grandes ´corpus´ teóricos, fue sustituida de modo radical por la fragmentación, confusa, informe, pero cargada de una emocionalidad acumulada por siglos e inicialmente legítima. La olla de presión de las ideologías había pasado por alto la vinculación profunda de nuestras almas con la tierra, con los muertos que nos atan a ella, del pequeño espacio que entendemos como nuestro. Muertas las grandes utopías, había que construir soluciones para hoy y para mañana, para mí y para ti, no para todos.
Fueron desmoronándose las grandes propuestas de sociedad, de Estado, las ideas mayores del bien común. Un país que no había podido construir ciudadanía, en lo que tiene de representación de responsabilidad individual y colectiva, de deberes y derechos, alimentado de pobreza, marginación y negación, respondió con la premisa de que la política debía bajar de los palacios y los gabinetes a las calles. La política en las calles se convirtió en el poder en las calles, pero un poder que no tenía los elementos esenciales de aquellas revoluciones que transformaron la historia, porque se quería derribar un Estado enfermo y negador, pero no se tenía claro qué hacer con él una vez conquistado. A lo largo de siete años, las batallas callejeras mostraron el caos, el desorden, la violencia como expresión de frustración y de odios acumulados, pero no el caos creador, no aquel que recompone un orden, que organiza de manera humanista una sociedad. Fueron años de euforia en los que se pudo comprobar que, en efecto, el poder en las calles era capaz de derribar gobiernos y lo hizo, contando con los intereses de buena parte del pueblo, pero también con los subalternos y espurios de muchos. Se apropió de las almas de los rebeldes callejeros la seguridad de que por fin la democracia directa era posible, que las banderas unificadoras parecían representar objetivos mayores y recuperar espacios de libertad y de igualdad.
Lo que no se percibió entonces desde las calles, es el cúmulo de heridas, tensiones e incertidumbres que esas formas dejaron en el conjunto de la sociedad. El escenario de esa violencia y de esa confrontación no sólo cobró más de dos centenares de vidas de compatriotas, destruyó economías, debilitó la relación entre unos y otros, avasalló derechos individuales y colectivos, instaló la sensación de que la arbitrariedad y la irracionalidad mandaban y que en más de un momento, la nación fue tierra de nadie. Las banderas de la reivindicación en ciudades, pueblos, carreteras, fueron también la evidencia de una enfermedad que comenzó a hacerse crónica. La relación de causa y efecto se desdibujó. Los grandes objetivos sociales fueron sustituidos por los intereses de grupos pequeños, frecuentemente manipulados por mafias que manejaban millones detrás de los intereses de los pobres. Ni grandes objetivos, ni dirección concreta. El resultado es hoy miedo, rabia, reacción también violenta, pero sobre todo incertidumbre, una certeza cada vez más fuerte en los ciudadanos de que el futuro es una lotería en la que sus ganadores prefieren romper la boleta ganadora en pedazos, antes que cobrar el premio.
Esta sensación se confirmó cuando quien gobierna llegó desde las calles, desde esa confrontación sin cuartel al modelo y al sistema. Por un instante, pensamos todos, comenzaba otro momento de la historia (lo cual es sin duda una gran posibilidad), pero la enfermedad ya se había instalado en el cuerpo social. La política en las calles, en sus rasgos más irracionales, más mezquinos, más intolerantes, está allí y no tiene ninguna intención de irse. El brujo no conoce la fórmula para devolver los demonios a la caja. Está más allá de sus buenos deseos. El gran riesgo, además, es que el nuevo pacto social que estamos construyendo tampoco tenga la fórmula para desmontar esta maquinaria infernal que amenaza con robarnos lo más importante, la esperanza en un futuro compartido en esta tierra que debiera ser de todos.
*Carlos D. Mesa Gisbert es ex presidente de Bolivia, periodista, historiador y político.
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