La Constitución Política del Estado, hasta ahora vigente, no permite la reelección del Presidente de la República. Sólo la Asamblea Constituyente, sometida a presiones interesadas del MAS, podría aprobar lo que ha venido en llamarse prorroguismo. De hecho, varios estados europeos permiten la reelección del jefe de Estado. Lo que, en los regímenes democráticos, de ninguna manera puede confundirse con la prórroga automática del mandato obtenido en una elección anterior, sino que, terminado el período previsto por la Carta Magna, el pueblo soberano somete a nuevo examen al candidato que vuelve a presentarse al escrutinio ciudadano. Es el “test” periódico que decide si el cuerpo electoral juzga conveniente la permanencia del mismo Presidente o lo aplaza, sustituyéndolo por otro. Lo acabamos de ver en Francia con la despedida de Chirac y la llegada de Sarkozy.
Sin embargo, la repetición de los mandatos, en países en donde las instituciones llamadas a fiscalizar al Poder Ejecutivo son deficientes, tiene problemas. Entre ellos, que el presidente-candidato se volcará a la propaganda electoral más que a la función de gobierno propiamente dicha. El otro inconveniente es aún peor: teniendo el jefe de Estado en sus manos, especialmente en un sistema presidencialista como en Bolivia, todos los instrumentos del poder, los pondrá en función de su propia candidatura, arrinconando a sus contrincantes en notables condiciones de inferioridad. Lo estamos observando con preocupación, en la actual guerra del Ejecutivo contra el Judicial. Esto no es democrático. ¿Hará falta poner nombres y apellidos a los múltiples autócratas que en el siglo XX florecieron (flores del mal) y prolongaron su mandato por largos años? La saga de perversos jefes de Estado prorroguistas por la fuerza no terminó el siglo pasado. Todavía subsiste como vela a punto de extinguirse en la persona de Fidel Castro, y emerge en el untuoso Hugo Chávez. Untuoso no sólo por los petrodólares que regala a su capricho, sino por su oratoria hueca, vulgar, agresiva y dictatorial. No sería conveniente para América Latina que se multiplicaran los imitadores, aunque tal como van las cosas, no es un imposible.
Convengamos pues en que el fenómeno del prorroguismo forzado no suele producirse por el exclusivo deseo del jefe que se resiste a dejar el maravilloso instrumento del poder. Es también la voluntad de sus colaboradores que tampoco quieren perderlo. El jefe, activo movilizador de masas, necesita tener a su lado a quien elabore una doctrina, por vaga, errónea, o autoritaria que sea. El jefe la memoriza y la va repitiendo en sus frecuentes actuaciones públicas. A su vez, el ideólogo necesita apoyarse en el jefe que es quien, con su poder de convocatoria, sostiene toda la maquinaria política. El jefe necesita también un astuto operador que conciba y ejecute, por sí o mediante terceros, las maniobras necesarias para consolidar y ampliar el poder, y aniquilar al contrincante, incluso por medios de ética dudosa. A todos ellos les une la pasión prorroguista. En el momento que la popularidad del jefe disminuyera sensiblemente, en la misma proporción entraría en duda el grado de fidelidad de su versátil grupo palaciego.
*José Gramunt es sacerdote jesuita y director de ANF.
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