Poder Judicial
Gastón Solares Ávila*

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El Poder Judicial... merece respeto y atención, porque es bien sabido que, como dijo alguien, “en un país donde no hay justicia, es un peligro tener razón”.
La administración de justicia se ejerce por la Corte Suprema, las Cortes Superiores de Distrito, los tribunales y jueces de instancia y demás juzgados establecidos por ley; el control de la constitucionalidad se ejerce por el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo y disciplinario. Todos juntos conforman el Poder Judicial.

En esta época que se caracteriza por los cambios, el Gobierno pretende renovar totalmente el Poder Judicial convencido, sin razón, de que cambiando personas se acabará con la corrupción, que no es exclusiva de Bolivia, lo que no es consuelo ciertamente, pero es realidad. El mismo Tribunal que falló a favor del entonces diputado Evo Morales, cuando el oficialismo pretendió marginarlo de la Cámara de Diputados, falla ahora en contra de los ministros interinos nombrados por decreto, y, como esa sentencia es adversa a los intereses del Gobierno, el Tribunal que antes era bueno se convierte en corrupto de la noche a la mañana.

La guerra sucia entre poderes se ha iniciado y esa es la peor corrupción. El Poder Ejecutivo gasta millonarios recursos en desprestigiar por la prensa al Judicial y éste se defiende también públicamente llamando mentiroso al Presidente y a todo el Ejecutivo, afirmando que la democracia se sustenta en la verdad y la justicia. Cada día hay más habilidad para aprovechar las coyunturas y ganar apoyo, debido a que el Gobierno se está volviendo experto en manejar la pobreza y la ignorancia, peligrosa estrategia, sin duda alguna.

Este tipo de campaña es como la quimioterapia para el cáncer, mata las células buenas y malas. Se sabe desde hace años que la justicia es corrupta, lo que no quiere decir que todos los que pertenecen a este importante poder del Estado sean corruptos, pero el desprestigio afecta a todos. Un magistrado ha decidido retirarse recurriendo a la dignidad como razón de su determinación, mientras que los demás consideran que no hay que abandonar el barco por cobardía, puesto que ello implicaría aceptar como ciertos los argumentos de la arremetida gubernamental.

Hay desorientación porque se juega con la información. Todos sabemos que hay presos por robar una gallina y que hay muchos que robaron millones y se pasean por las calles del país o del exterior. Hay que corregir esa injusticia, pero la forma no es apresando a la gente sin proceso y por lo tanto sin sentencia, como ha ocurrido con el ex presidente del Servicio de Caminos y con la ex gerente del Banco Central, para citar dos casos.

Tampoco se hace justicia cambiando a los funcionarios corruptos y mandándolos a ocupar cargos diplomáticos, porque ese es un premio a la corrupción. En cambio, hay señales positivas como la investigación que hace la Ministra de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, a la gestión de su antecesor por sospechas de delito aparentemente fundadas, lo que merece elogio, porque se trata de personajes del mismo partido oficial. ¿Por qué no se sigue ese ejemplo?

Desconcierta ciertamente la manera contraria de proceder, justificada en unos casos e injustificada en otros, como las embestidas al Tribunal Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia por las organizaciones sociales que, sin correr ningún riesgo, ponen en vilo a ambas y a la ciudad sede, porque su ciudadanía tiene que soportar desde simples bloqueos y marchas, hasta dinamitazos insólitamente sin reacción policial.

Esa, obviamente, no es la forma de corregir los errores y evitar los supuestos delitos de un Poder del Estado y menos cambiando personas perpetuando los famosos interinatos. La majestad de la justicia está en riesgo, así como la dignidad institucional y también la de magistrados honestos que sí existen y es esa institucionalidad, precisamente, la que hay que defender, teniendo siempre presente que debe presumirse la inocencia hasta comprobarse la culpabilidad, en cumplimiento de los preceptos constitucionales vigentes.

El cambio tiene que ser para bien y hay que tener cuidado de que el remedio no sea peor que la enfermedad. Aquello de que una sentencia del Tribunal Constitucional implique defensa de narcotraficantes, de jueces corruptos que se han robado 300 millones de dólares, no es un exceso, es una mentira, muy grave, porque proviene de otro poder del Estado. Es como en la unión conyugal, cuando se pierde el respeto se acaba el matrimonio y no puede gobernarse un país con divorcio entre poderes, porque se acaba con el Estado y con el régimen democrático. El Poder Judicial, como el Legislativo y el Ejecutivo, merece respeto y atención, porque es bien sabido que, como dijo alguien, “en un país donde no hay justicia, es un peligro tener razón”.

*Gastón Solares Á.
es empresario privado.