Democracia y cohesión social
Horst Grebe López*

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La semana pasada me ocupé del excedente en relación con la cohesión social; hice referencia por tanto a sus fundamentos económicos. En esta ocasión me interesa examinar los cimientos políticos de la cohesión social, definida, como ya se dijo, como una percepción generalizada de pertenencia a una comunidad política que garantiza a todos sus miembros el ejercicio de libertades y derechos republicanos, una redistribución equitativa de los ingresos y la participación en la conformación de los poderes públicos.

El concepto de cohesión social no excluye por supuesto las diversas contradicciones y diferencias materiales e ideológicas que caracterizan a cualquier sociedad, pero las coloca dentro de un orden político e institucional que permite su resolución mediante reglas y procedimientos que fortalecen la democracia y alejan en consecuencia las tentaciones del autoritarismo, la violencia o la ingobernabilidad en sus diferentes formas. En cierta medida, la ciudadanía sin exclusiones y la cohesión social constituyen las manifestaciones gemelas de la modernización democrática.

Es deseable y posible profundizar la cohesión social, y más aun en sociedades tan fragmentadas como la nuestra, y para eso se requiere que los principales actores políticos persigan sus designios mediante estrategias y conductas congruentes con la democracia, pensada ésta como un fin en sí mismo y no como un instrumento entre otros para acceder al poder y control de sus comandos superiores.

A pesar de que no existe una definición única de la democracia política, tampoco es cierto que no se sepa en qué consisten ni cuáles son sus atributos esenciales que le dan su sentido profundo y la diferencian del autoritarismo y la dictadura en términos sustantivos. Parece no obstante necesario volver una y otra vez sobre estos temas precisamente debido a algunos planteamientos que se esgrimen en el actual debate sobre la nueva Constitución Política del Estado, pero asimismo en atención a ciertos argumentos que se han vertido respecto de la independencia del Poder Judicial, por una parte, y del rol de los medios de comunicación, por otra.

La imparcialidad política de la administración de justicia en todos sus niveles y la libertad de expresión son ingredientes fundamentales de la democracia, y constituyen los pilares centrales para el funcionamiento del resto de las libertades y garantías constitucionales. Es difícil en efecto que puedan prosperar los valores básicos de la unidad y la solidaridad entre los bolivianos si no está garantizada la aplicación de las leyes por parte de tribunales idóneos e imparciales, así como tampoco florecerá el diálogo intercultural sin una opinión pública independiente y plural.

Porque transitamos por una etapa de reconstrucción de los cimientos morales e institucionales de nuestra convivencia colectiva debemos esforzarnos todos en afianzar sistemáticamente cada uno de los componentes básicos de la democracia. Debido a que queremos cambiar los usos y los abusos del pasado es que ahora reclamamos una dosis razonable de sabiduría, pedagogía del ejemplo y control de las ambiciones por parte del liderazgo en turno. Si se mantuvieran en cambio los atropellos y las arbitrariedades del poder, pero ejercitados esta vez en nombre de mayorías más amplias, no faltarán razones para admitir un cierto tipo de democratización, pero resultará mucho más difícil demostrar que por esa ruta arribaremos a una mayor justicia social y a una democracia más perfecta.

*Horst Grebe L.
es economista.