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La radical medida de los magistrados, que se decidió el viernes en esta capital, no busca perjudicar al público litigante porque el objetivo “es reflexionar al Gobierno sobre la importancia del Poder Judicial, el respeto y su independencia”, remarcó la autoridad de la Suprema.

“Se pretende defenestrar el Poder Judicial, pues si hay corruptos hay que denunciarlos”, dijo Sandóval en escuetas declaraciones en las que enfatizó que el proceso iniciado contra los magistrados del Tribunal Constitucional “es un acto político que adolece de una serie de aspectos legales”.

En un encuentro, los representantes del Poder Judicial anunciaron además que se denunciará ante organismos internacionales lo que consideran es “la violación al estado de derecho del Poder Judicial y su independencia respecto al Ejecutivo”.

Las denuncias serán cursadas ante la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), la Unión Internacional de Magistrados (UIM), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), según adelantaron.

El Tribunal Constitucional restó por su parte validez al sustento jurídico de la demanda planteada, en su contra, por el presidente Evo Morales. Se dijo que el Tribunal es víctima de una persecución política por parte del oficialista MAS.

Los magistrados Elizabeth Íñiguez de Salinas, Martha Rojas Álvarez, Artemio Arias Romano y Wálter Raña Arana no aceptan que su resolución para cesar a los supremos interinos se basara en una ley derogada y recuerdan que la Ley de 1911 está vigente. ANF