El fin de la inocencia
Ana María Romero de Campero*

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Este título que parece el de una película francesa es algo más que eso. Es la historia de un enredo mayúsculo que empezó hace tres años cuando, con la mejor intención del mundo, la Comunidad de Derechos Humanos, que congrega a medio centenar de instituciones que trabajan en el área, me postuló para ocupar un cargo vacante, a nombre de Bolivia, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos.

El entonces viceministro de Justicia, Carlos Alarcón, me dijo que si aceptaba la postulación el Gobierno daría su respaldo a la candidatura. En su criterio, las condiciones para optar al cargo eran inmejorables. Nuestro país había estado fuera del sistema interamericano de derechos humanos desde que presidió la CIDH el ex presidente Luis Adolfo Siles Salinas en la década del 80. Jugaba a nuestro favor que la Comisión había decidido que al menos uno de sus miembros no requería ser abogado y que debiera existir equidad de género. El mandato de la única mujer que componía la Comisión había fenecido, y era una vacancia que debía llenarse.

Se trataba de un puesto no rentado que requiere asistir a dos reuniones al año en Washington, pues la Comisión tiene un grupo de expertos que trabajan permanentemente en la sede y procesan las demandas que se presentan ante esta instancia. Las resoluciones del órgano corresponden a los vocales de la CIDH.

Acepté la postulación, entusiasmada ante la idea de formar parte de ese organismo e influir en sus decisiones. Revelo este episodio al enterarme a través de La Razón de la postulación de la Dra. Julieta Montaño, abogada y directora de la Oficina Jurídica de la Mujer en Cochabamba a ese cargo. Espero que le vaya bien y que sea elegida. Mi postulación se frustró a partir del momento en que, sin explicación alguna, la Cancillería inscribió mi candidatura dos días después que el plazo se había vencido pese a haberse realizado una serie de entrevistas previas y la entrega de los documentos requeridos un mes antes.

Al enterarse de esta irregularidad, la embajadora ante la OEA, Nina Tamayo, llamó para decirme que no me preocupe. Había consultado con el Asesor Jurídico del organismo y éste le aseguró que el asunto se resolvería fácilmente.

En su afán por lograr que la postulación supere este inesperado escollo y al conocer que estaba en Nueva York invitada por Naciones Unidas, Nina Tamayo me instó a viajar a Washington pues el Consejo Permanente de la OEA quería conocer a los candidatos y dialogar con ellos. Con ese motivo organizó una serie de reuniones con distintos grupos de embajadores ante quienes expuse mi preocupación por la agenda pendiente de la OEA en materia de derechos humanos.

Al concluir mis presentaciones, las y los embajadores nos hicieron notar, con mucho tacto y simpatía, que era preciso resolver el asunto de la inscripción, para lo cual sugirieron a su colega que obtenga una aclaración escrita del Asesor Jurídico pues habían antecedentes en ese sentido, como el de Claudio Grossman que llegó a ocupar la presidencia de la Comisión.

La embajadora consideró que sería interesante una entrevista con este jurista chileno, que es decano de la Facultad de Derecho en la American University. El profesor dijo que conocía mi trayectoria y me consideraba una candidata con grandes posibilidades, pero era preciso que sepa que las elecciones en la OEA no se ganan sólo por méritos personales sino por la forma en que un gobierno, una cancillería, deciden jugarse por una candidatura. Esto no era fácil de conseguir, dijo, pues requería de voluntad política y la renuncia del país a cualquier aspiración que se estuviera barajando en otros organismos internacionales. Me contó que antes de embarcarse en la candidatura, se aseguró que su gobierno lo apoyaría con todo. Y así lo hizo. Debí admitir internamente que ni yo ni mis auspiciadores teníamos una estrategia y tampoco sabía si contábamos hasta ese punto con la Cancillería.

El tema no tardó en aclararse. Unas semanas después de esa advertencia, se instaló en Fort Lauderdale, Florida, la Asamblea General de la OEA y desde allá recibí una llamada del Canciller de entonces, Juan Ignacio Siles, pidiéndome que desistiera de mi postulación. Le dije que había entrado a la contienda dispuesta a ganar o perder en buena ley. Si quería que me retire debía planteármelo formalmente y asumir la responsabilidad que le correspondía. (¡Me lo podía haber dicho al comienzo y ahorrarme el mal rato!). Al día siguiente, no él sino un funcionario llamó indicando que mi nombre había sido retirado.

Este episodio podía haber quedado como una anécdota más y un aprendizaje para todo ciudadano boliviano de a pie que aspire a una situación como ésta, pero tuvo un epílogo que me llevó a entender a cabalidad lo que el profesor quiso advertirme. En las semanas siguientes me enteré que el Viceministro de Relaciones Económicas de entonces se fue al Uruguay a ocupar un alto cargo en ALADI; pasó un tiempo y el canciller Siles logró ser designado Secretario General de la Comunidad Iberoamericana de Naciones con sede en Madrid y el embajador en los Estados Unidos, Jaime Aparicio, fue elegido en aquella Asamblea General de la OEA como vocal del Instituto Interamericano de Derecho Internacional Público con sede en Río de Janeiro.

Es de esperar que Julieta Montaño tenga mejor suerte y que nuestra Cancillería haga honor a su compromiso de superar viejas prácticas, brindándole un apoyo firme y transparente. Bolivia tiene todo el derecho de ser parte del sistema interamericano de derechos humanos y Julieta Montaño a que no se juegue con su nombre.

*Ana María Romero
de Campero es humanista.