La rebelión de los magistrados
José Gramunt de Moragas, S.J.*

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El conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, en contra del Judicial, provocado por el nombramiento de tres magistrados interinos de la Corte Suprema de Justicia por medio de un decreto presidencial, es una nueva evidencia de la crisis institucional que sufre el Estado. En buena ley, los nombramientos de magistrados debería emanar del Congreso Nacional y no del Ejecutivo, salvo en el caso previsto de receso parlamentario. Pero lo que el legislador previó como una excepción —que el Presidente nombre a dedo a los interinos— fue degenerando en norma general. Esta excepción a la norma suena más autoritaria que democrática. Claro: al jefe del Ejecutivo le es más cómodo dictar un decreto que someter su iniciativa al Parlamento, en donde se cruzan y contradicen opiniones de distintos partidos. El “diktat” unilateral del Presidente podría naufragar en el mar tempestuoso de los hemiciclos.

Recordemos que, según la Carta Fundamental vigente, ésta conserva principios fundamentales consagrados por la primera Constitución escrita por Bolívar en 1826: “Los magistrados y jueces son independientes en la administración de justicia y no están sometidos sino a la Constitución y la ley. (Art. 116, VII) Los mismos atributos, aunque con diferentes funciones, reconocen a los miembros del Tribunal Constitucional”. (Art. 119)

El conflicto surgió por el nombramiento de parte del jefe del Poder Ejecutivo, de cuatro magistrados interinos de la Corte Suprema de Justicia. Este interinato finalizó a los tres meses, pero ellos continuaron en sus puestos amparados bajo la lenidad del Congreso Nacional dominado por el MAS. Ante un recurso interpuesto por el partido opositor Podemos, el Tribunal Constitucional falló soberanamente en contra de la continuidad de esos interinos. El presidente Morales retrucó demandando ante la Comisión del Ministerio Público del Congreso a cuatro magistrados titulares del Tribunal Constitucional por el delito de prevaricato. Los masistas esperaban que los magistrados ingresaran al Congreso para prestar las correspondientes declaraciones. Se ordenó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen ocupara el recinto legislativo y aprehendiera a los tribunos. En vista de tantos atropellos, los magistrados, jueces y colegios de Abogados se manifestaron en las principales ciudades del país en contra de lo que consideran una grave y avasalladora intromisión del Ejecutivo contra el Judicial. ¡Insólito embrollo!

El Gobierno insiste en que la motivación del paro es política. ¡Pues claro que lo es! Pero el Gobierno es el que lo ha politizado al pretender someter a los distintos órganos del Poder Judicial, a las órdenes del Ejecutivo. Es la eterna tentación de hacerse con el poder absoluto del país, fenómeno que hoy contemplamos cómo se ha impuesto en Venezuela. No quisiéramos que se repita en Bolivia. El Poder Judicial debe conservar su independencia. Y si se le acusa de corrupción —que la puede haber, como en el propio Ejecutivo—, debe probarse y sancionarse. Mientras tanto, la rebelión de los magistrados no es “perjudicial”, como ha bromeado Evo Morales, sino un caso de legítima defensa institucional.

*José Gramunt
es sacerdote jesuita y
director de ANF.