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Mendoza explicó que en la segunda reunión de la Comisión se definió crear un instrumento legal que permita una devolución del Bonosol a todas las personas que puedan confirmar el fraude, tras coincidir en que los adultos mayores “no son precisamente los estafados” sino la entidad bancaria, las AFP o el Estado.

Agregó que la Corte Electoral tiene la determinación de que la entidad bancaria debe devolver el dinero, pues sus cajeros deben estar actualizados en materia de identificación de documentos falsos y porque son entidades de lucro con seguro, mientras que para las AFP, la devolución debe ser pagada por el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC). ABI