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Los escándalos políticos se suceden y las crónicas sangrientas hace tiempo están instaladas en la vida cotidiana, pero la indignación que unos y otras provocan en la población rara vez se traduce en sanciones legales.

En los últimos 15 años hubo 14.000 denuncias contra autoridades políticas, en el marco de una ley de Improbidad Administrativa aprobada en 1992, pero solamente 1.035 (7%) fueron condenadas, de acuerdo con datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) divulgados por O Globo.

Otra ley, contra crímenes financieros (´ley del cuello blanco´), tampoco destacó por su eficacia, dado que según una proyección hecha por especialistas, menos de 5% de los casos conducen a una condena. En materia de violencia, el diario expone el caso del estado de Pernambuco (nordeste), donde el 2006 se registraron 4.638 asesinatos, aunque solamente 38 presuntos asesinos habían sido capturados a fin de año.

Las autoridades políticas suelen pasar entre las mallas de la red judicial porque ésta deja tantas posibilidades de recursos. El caso paradigmático es el del ex presidente Fernando Collor: a pesar de que el proceso político por denuncias de corrupción le obligó a renunciar en 1992, el proceso legal se arrastra desde entonces. Brasilia, AFP