Locos o ¿mal informados?
Luis Alberto Arce Catacora*

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En los últimos días dos artículos de opinión publicados en matutinos locales abordaron un tema importante para los bolivianos: el destino de las inversiones que realizan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Lamentablemente, los autores no se munieron de la información adecuada y suficiente por lo que llegaron a conclusiones que distan mucho de la realidad y soslayan principios económicos esenciales. La delicadeza del tema exige un análisis más completo.

Al parecer el asunto que pretenden dilucidar es si se debe o no permitir que las AFP inviertan fuera de Bolivia. Una primera y necesaria precisión es que la Ley de Pensiones 1372, en sus artículos 40 y 41, les autoriza a hacerlo. El resultado es que, a la fecha, ambas AFP tienen invertidos 63,2 millones de dólares fuera de Bolivia.

Pero el tema es más complejo y delicado que eso, ya que la rentabilidad que generan las inversiones de estas empresas permite optimizar el ahorro que cada aportante acumula en su cuenta individual y del que depende cuándo y cuánto recibirá de jubilación.

Entonces surge una pregunta inevitable, ¿cómo está compuesto el portafolio de inversiones de las AFP? La respuesta no es muy larga porque la mayor parte (casi el 90%) está concentrado en bonos de deuda del Estado boliviano. En buen romance, esto significa que la rentabilidad de los bonos del Tesoro General de la Nación financiará la jubilación de los afiliados a las AFP.

La situación no es sostenible porque desde el año pasado la política fiscal y monetaria del Gobierno posibilitó que el TGN ya no tenga la misma necesidad de financiar sus gastos acudiendo al dinero del FCI y, por el lado de la salud fiscal, el costo creciente y elevado del interés por las emisiones de títulos del TGN —el 2006 llegó a 74 millones de dólares— motivó un cambio en la política de endeudamiento interno: el Tesoro se presta de las AFP en menor cantidad y con interés más bajo.

Así, la rentabilidad por estos títulos se redujo notablemente. Entre 1997 y 2002 las emisiones de títulos de deuda para las AFP se realizaron en dólares a una tasa de rendimiento de 8%; desde el 2003 estas emisiones se realizaron en UFV a una tasa de rendimiento de 5% y a partir del 2007 la tasa en UFV es de 4%. Esta situación provocó que los montos acumulados por los trabajadores en sus cuentas individuales obtengan un rendimiento menor al de gestiones pasadas.

En este escenario, la única solución práctica es generar un mecanismo que permita que las AFP diversifiquen sus inversiones y amplíen sus colocaciones fuera del país para incrementar la probabilidad de generar rendimientos razonables por la inversión de los recursos de los trabajadores bolivianos en el FCI.

Las inversiones a seis meses del índice Meryll Lynch en mercados estadounidenses redituaron tasas anualizadas de 5,06% en dólares estadounidenses durante el primer trimestre del 2007, y se espera que sean similares el 2008. Queda claro que el mercado nacional muestra un escenario menos favorable para las inversiones pues, como se mencionó anteriormente, el TGN tiende a disminuir las emisiones de títulos para las AFP; además las nuevas emisiones se harán en UFV y aplicando tasas de retorno cada vez más bajas.

Queda claro que las inversiones en mercados internacionales permitirían que las Administradoras diversifiquen sus inversiones y obtengan mejores rendimientos con los recursos captados reduciendo, al mismo tiempo, los niveles de riesgo.

Para que estas operaciones ofrezcan seguridad, es aconsejable que el BCB se convierta en mandatario exclusivo —por un período determinado— de la inversión externa de los recursos del FCI, en instrumentos de renta fija. Para esto debería suscribir los correspondientes contratos con las AFP.

En este mismo propósito el Banco Central debería observar criterios de liquidez, preservación del capital, seguridad y rentabilidad utilizando, incluso, los mismos parámetros que aplica para invertir las reservas internacionales.

Actualmente la casi totalidad de la inversión de las AFP fuera del país está concentrada en el Santander private Banking. Esta realidad confirma la necesidad de aplicar un modelo que permita optimizar la rentabilidad, darle la seguridad y acortar el riesgo de las inversiones del portafolio el FCI.

Aunque no está definido, un monto mínimo que administraría el BCB sería de USD50 millones por AFP, es decir, menos del 5% del valor total del FCI entre ambas administradoras. Adicionalmente, los valores del FCI invertidos en el exterior estarían custodiados por una entidad de custodia definida por el ente emisor a un costo emisor por las economías de escala. Otra ventaja de realizar estas operaciones a través del BCB es que no se aplicarían impuestos sobre las inversiones, tal como ocurre ahora.

Un mecanismo adicional de garantía es que no se podrá invertir en agencias de bancos o instituciones clasificadas como off shore, títulos de renta variable, derivados y deuda subordinada.

Como puede observarse, sería una locura no cambiar las cosas.

*Luis Alberto Arce C.
es ministro de Hacienda.