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Esta posición fue expresada ayer por Carlos Quaino, presidente de la Federación de Ganaderos de Beni y Pando (Fegabeni) y presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), además de Fernando Asturizaga, asesor legal de la Confederación Agropecuaria del Oriente (Confeagro), quienes ratificaron para este viernes una reunión del sector productivo del oriente, en Santa Cruz, y el anuncio de la medida de protesta por el citado reglamento.

Los agropecuarios no asistieron, el último jueves, a la reunión de la Comisión Agraria Nacional (CAN) en La Paz en la que se aprobó el reglamento de tierras, del que uno de sus objetivos es llevar adelante una “efectiva reversión” de tierras, según el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas.

La aprobación de la norma preocupó al sector agropecuario. Quaino la calificó de una “1008 agraria”, mientras que Asturizaga indicó que el Gobierno quiere utilizar este instrumento para realizar una “persecución política en contra de agropecuarios y cívicos, usarlo de paraguas discrecional para quitar tierra y para aniquilar la propiedad privada en el país”.

Ambos indicaron que si bien los productores del país se opusieron a la aprobación de la nueva ley de tierras —de la que hay una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional—, tenían la esperanza de que con el reglamento se subsanen varias falencias. Sin embargo, coincidieron en señalar, se endurecieron más las medidas contra los agropecuarios.

“Si se va a imponer como una forma dictatorial una 1008, nosotros vamos a entrar al desacato y reconocer al Gobierno como un ente opresor que trata de destruir todo lo que hemos hecho los ganaderos con mucho esfuerzo por muchos años”, dijo Quaino.

Las cuatro verificaciones de la FES que fueron endurecidas, según Asturizaga, están referidas a que los productores están obligados a incluir en una planilla a sus empleados; a no realizar ningún desmonte no autorizado; a no utilizar a los terneros, sólo al “ganado adulto”, para justificar la tenencia de cinco hectáreas de tierra por cabeza; y a cumplir con la aptitud uso de suelo que exija el INRA de manera unilateral. El incumplimiento de cualquiera de esos puntos, que antes eran sujetos a un proceso judicial para llegar a una sanción, ahora serán causales de reversión de tierras (Ver la infografía superior).

Al respecto, el Director del INRA sostuvo que el sector productivo hace esas interpretaciones de manera individual respecto al reglamento aprobado. Agregó que el documento fue concertado en cinco meses y que ahora ya no será revisado por la CAN.

“El reglamento que se ha aprobado es una 1008 extremadamente dura para el productor; va a desincentivar la producción, la inversión, la tecnología que cuesta mucho dinero y a corto plazo estaría destruyendo el aparato productivo”, sostuvo Quaino.

“No hay ningún artículo a favor de los que producen, no hay ayuda del Estado ni financiamiento, sólo reversión, expropiación”, agregó el representante.

Asturizaga, por otro lado, indicó que de 16 integrantes de la Comisión Agraria Nacional y de las Comisiones Agrarias Departamentales, sólo tres son del sector productivo y el resto corresponde al Gobierno y a los sectores sociales. En este caso, denunció que sin los productores esta instancia puede tomar decisiones, pero los agropecuarios no pueden adoptar medidas sin las organizaciones vivas.

Norma cuestionada

Aprobación de la ley • El 28 de noviembre del 2006 se aprobó la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. El Senado logró reunir quórum con parlamentarios de la oposición.

Concertación • El director del INRA, Juan Carlos Rojas, señaló que la elaboración del reglamento duró cinco meses entre reuniones y talleres con las organizaciones sociales.

Reglamento • El último jueves la CAN aprobó el nuevo Reglamento de la ley de tierras, sin la participación de la CAO.