A pesar de la importancia de las inversiones, no ha existido en el país una política de Estado de largo plazo. Se ha tenido iniciativas circunstanciales de gobierno, como el capitalismo de Estado de los gobiernos militares, que promovió la inversión en empresas públicas deficitarias como Karachipampa. Durante los años noventa, la política central fue la de atraer inversión extranjera en sectores estratégicos de la economía. Entre los resultados más evidentes está el haber incrementado las reservas y la exportación de gas al Brasil, base de los ingresos actuales del país.
La política del actual Gobierno, nacionalizaciones, expropiaciones y ventas forzadas; revisión de los tratados de protección de inversiones; xenofobia y discurso agresivo; tienen el claro resultado de ahuyentar las inversiones como se ha visto con la inauguración de la planta petroquímica de Braskem en Venezuela y las inversiones de Petrobras en Perú. Estas inversiones debían haber generado empleos, impuestos y movimiento económico en Bolivia. De mayor impacto en el largo plazo será la inversión de Petrobras en terminales de recepción de gas natural en las costas de Brasil para importar gas de ultramar.
Existen señales aisladas y contradictorias, aunque significativas, de que el Gobierno dé importancia a las inversiones, como el proyecto del Mutún, que no termina de definirse, y la negociación y firma de los contratos petroleros que consolidan el proceso de inversiones de los años noventa y teóricamente dan seguridad jurídica a estas inversiones. Sin embargo, más parece la excepción que la regla y que se llevó adelante por la necesidad e interés de lograr mayores ingresos impositivos que por convicción. Lo importante ha sido que por el momento las inversiones petroleras no se fueron del país y que las empresas realizarán las inversiones necesarias para atender los contratos de exportación de gas.
Para que el país pueda efectivamente combatir la pobreza y no quedarse aún más rezagado con relación a los países vecinos, debe crecer a tasas que superen el 7 u 8% anual. Para esto son necesarias inversiones mayores a los 2.000 millones de dólares anuales, por lo que es imprescindible la inversión privada, nacional y extranjera.
Es interesante analizar qué hacen otros países para generar inversiones. En los países desarrollados, donde se mueven las mayores inversiones, éstas fluyen por el tamaño de sus economías y mercados, paz social, estabilidad política y económica. Lo fundamental es que estos países se rigen por el imperio de la ley, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada y a los contratos, lo que permite que la iniciativa individual y privada sea el motor de sus economías. Esto ha sido la base para que se generen las inversiones y la actividad económica que les ha permitido llegar al nivel de desarrollo y bienestar que hoy gozan y que a su vez genera mayores inversiones.
Los países en desarrollo con mayores inversiones, nacionales y extranjeras, como Chile, México o China, promueven las mismas políticas de Estado que los países desarrollados y además diseñan políticas proactivas. Crean un buen clima de inversiones; buen manejo de la economía, que genere estabilidad y crecimiento; políticas para mejorar la competitividad del país, con inversión en infraestructura y educación; tratados de libre comercio para que las empresas puedan llegar a mercados ampliados; protección recíproca a las inversiones, para generar certidumbre y acceso a tribunales imparciales; incentivos monetarios y fiscales; paquetes de desarrollo que incluyen apoyo en el entrenamiento de mano de obra y en la instalación de una industria; acceso a materias primas y recursos naturales; y políticas que fomenten el ahorro interno para apoyar la inversión privada nacional.
Estos países también diseñan políticas de promoción, como el fortalecimiento de la imagen país en el mundo y actividades proactivas de generación e identificación de potenciales inversionistas para atraerlos y facilitar su instalación en el país. Se invierten millones de dólares cada año en estas actividades.
Se ha visto que la producción de etanol en base a la producción agrícola abre nuevas oportunidades al país. Para esto, será necesario desarrollar políticas que incentiven la inversión privada. Los beneficios serán la creación masiva de empleo en el agro, exportaciones e inserción en los mercados globalizados. Perú y Brasil ya están atrayendo millonarias inversiones en el sector. Bolivia tiene la experiencia del modelo productivo de la soya y de la caña para ingresar en este negocio con ventaja.
Se ha comprobado la importancia y necesidad de continuidad en las políticas de Estado y se ha visto que esto es posible y se da a pesar de la polarización política. La historia reciente en el sector de hidrocarburos es muy ilustrativa. A un gobierno le correspondió sembrar atrayendo inversiones, que permitieron explorar y explotar gas. Le tocó al Gobierno actual, el más opuesto a esas políticas, el cosechar los beneficios y consolidar esas inversiones con los nuevos contratos. El proyecto del Mutún no sería posible hoy sin las inversiones de la década del noventa que garanticen la provisión de gas.
Para ser parte del mundo que crece y prospera, el país necesita diseñar políticas de largo plazo, con una visión compartida de país. La mayor necesidad es el empleo, por lo tanto debe darse prioridad a la promoción de inversiones, nacionales y extranjeras, en actividades intensivas en mano de obra, como la agricultura, manufactura y servicios. Será necesario un compromiso político y compartido que debe partir del Presidente de la República para generar un ambiente favorable para las inversiones. En un país descentralizado y que marcha hacia las autonomías departamentales, cada departamento podría promover y competir por llevar a su región inversiones que permitan mejorar el nivel de vida de sus habitantes, con empleos estables y dignos. Esta es la mejor manera de evitar que los bolivianos migren en busca de trabajo.
* Jorge Gottret es economista.
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