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“(Con la ley corta) se autoriza al Poder Ejecutivo a dirigir el sistema educativo, vía decretos, estoy seguro que el Gobierno emitiría el decreto con la ley que está en curso y eso daría vigencia a todo aquello”, dijo Sánchez.

El martes 19, los constituyentes de Alianza Social (AS) René Muruchi y Wenceslao Alba pidieron al presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, suspender el tratamiento de la nueva ley educativa para “evitar conflictos de tipo social estamentario”, informó ANF.

Los asambleístas tomaron en cuenta los conflictos que desató con los universitarios la propuesta de incluir el control social en la Constitución Política del Estado. Ese objetivo fue visto por el sistema universitario como un atentado a su autonomía.

“¿Quién está siendo perjudicado aquí? Todo un sistema educativo que está sujeto al desarrollo educativo de una manera muy inconsistente porque la Ley 1565 (Reforma Educativa) está ratificada de que no va y la educación en todo el país es una tarea muy importante para consolidar los cambios”, añadió el diputado masista.

Además explicó que si se posterga el tratamiento de la nueva ley educativa hasta que se termine de construir la nueva Carta Magna, se perderían casi dos años para que se ejecute la nueva Ley Avelino Siñani -Elizardo Pérez.

Sin embargo, el vicepresidente Álvaro García y el jefe de la bancada del MAS en la Cámara Baja, Gustavo Torrico, indicaron que el proyecto de ley será tratado la próxima semana en el plenario. El Segundo Mandatario indicó que esta norma fue consensuada con todos los sectores involucrados en esta temática.

El diputado Sánchez, además, explicó que si se crea una ley corta para anular a la Ley 1565, entrarían elementos importantes, como la dotación de Títulos de Bachiller gratuitos que serán otorgados por el Ministerio de Educación a través de los establecimientos escolares respectivos.

Oposición a la ley

Los que la observan • La nueva ley de la educación es cuestionada por lo menos por el opositor Podemos, los maestros urbanos del país, las universidades y la Iglesia Católica.

Las observaciones • El proyecto de ley fue calificado de anticonstitucional y racista porque beneficiaría sólo a originarios y atentatoria a la autonomía por el control social y al escalafón del magisterio, entre otras.