¿Autonomías o “Autoctonías”?
José Gramunt de Moragas, S.J.*

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Parece que la autonomía que mereció el “sí” en el referéndum del 2006, no acaba de satisfacer al Gobierno del MAS, preferentemente centralista. Aplicamos el término de “autonomía” a un territorio y a una población con su propia identidad, no excluyente de grupos de origen diverso, y que goza de competencias y recursos con el fin de acercar lo más posible la administración pública al ciudadano. En nuestro caso, el Gobierno teme que las autonomías resten poder político al partido. La cosa no parece así. La representante del Gobierno español que recientemente visitó Bolivia manifestaba que “cuando se dejó de ver a la autonomía como un problema, España logró articularse de manera eficiente a favor del ciudadano. Hicimos un ejercicio para concertar los intereses entre el Estado central y los sentimientos autonómicos. Hicimos de la diversidad el elemento más importante de la cohesión nacional. No hemos tenido miedo a las diferencias”.

En otro ángulo de la cuestión y para nuestro propio uso, llamaremos “autoctonías” a los grupos originarios asentados en su territorio ancestral, que se consideran desarticulados de la estructura político-administrativa del resto del país. Es otra forma de enfocar el asunto, en base a una raza que apenas ha llegado a mestizarse y cuyo territorio heredado de sus antepasados no ha sido respetado por el alud de las nuevas concepciones de la agricultura y la selvicultura. La aspiración de estos grupos étnicos a un régimen especial es legítima. Pero debe armonizarse con los nuevos tiempos y el progreso de los mismos originarios. Lo que sí resulta mucho más problemático es que algunos grupos autóctonos que se han establecido en otros lugares deban merecer un trato diferente de la mayoría de habitantes del departamento donde habitan. Por ejemplo, los aymaras emigrados a tierras bajas gozarían de un régimen propio distinto del vigente en tierras “cambas”. Esto último hace pensar en enclaves o en jurisdicciones personales que complicarían hasta el extremo a administración general del país. A esto llamamos “autoctonías”.

Por su lado, los departamentos que optaron por el “no”, imagino que seguirían dependiendo estrechamente del poder central. Pero se debe dejar abierta la puerta para que pudieran ingresar también al régimen autonómico en el momento que lo consideren oportuno. Es cierto que el paso del centralismo a las autonomías requiere un proceso laborioso pero, inevitable. Cada vez está más claro que el Estado nacional se acerca más y mejor a las necesidades reales del ciudadano, cuando cede competencias y recursos a las administraciones periféricas.

Vistas así las cosas, creo que, para empezar, bastaría con legislar las autonomías guardando las actuales fronteras departamentales para evitar mayores dificultades, entre las cuales no hay que descartar la eventual violencia. La corriente autonomista de la llamada “media luna” es tan fuerte que sus dirigentes ya han adelantado que si la Asamblea Constituyente no se la reconoce, la proclamarán ellos mismos, “de facto”. Pero lo que ya me parece aún más próximo a la fragmentación del país es la división en pequeños grupos indígenas dispersos en diversas áreas del perímetro nacional.

*José Gramunt
es sacerdote jesuita y
director de ANF.