Es absurdo escuchar a la oposición y a los comités cívicos de la “media luna” que el Estado plurinacional estaría fragmentando la unidad territorial de Bolivia; sabemos que el Estado nacional, históricamente no sólo negó el desarrollo de las civilizaciones indígenas, sino que truncó su historia y les impuso una cultura y un modo de producción y organización política capitalista, eurocéntrica, como si fuera la única y supuestamente la mejor de todas; en ese sentido, en Bolivia hemos tenido un Estado fundamentalmente darwinista.
Por ese motivo, la demanda de las sociedades indígenas, en diferentes momentos históricos, ha sido no sólo de reconocimiento de su cultura, sino que su sistema social sea parte de la concepción social del mundo a escala nacional y no una cultura ensimismada y válida sólo para ellas.
Estas demandas se dirigen hoy a la nueva Constitución Política del Estado, para que en ella se reconozca que el idioma indígena sea hablado por todos los bolivianos, es decir, que cada ciudadano aprende uno de los idiomas nativos conforme a la región que pertenece.
El pedido apunta también al reconocimiento del modo de producción de las sociedades indígenas que es el comunitario. Aquí no hay propiedad privada, sino los recursos y todos los medios de producción son colectivos; y la base de la economía no es la enajenación del trabajo, sino que cada persona es la real propietaria de ese su trabajo. Sin duda, esto es totalmente distinto a la forma de producción capitalista. Por lo tanto, la nueva Constitución tendrá que garantizar las dos formas de producción económica a escala nacional; estaríamos hablando de la convivencia de dos sistemas de producción: la empresa privada y las empresas comunales, de manera que ambas sean sujetos de crédito.
Otra implicación es el reconocimiento de las prácticas políticas de las sociedades indígenas, lo que quiere decir que sus representantes, sea a nivel nacional, departamental o municipal, sean elegidos bajo sus formas tradicionales. Así, para ser diputado, consejero departamental y concejal municipal no necesariamente deberán ser elegidos a través de partidos políticos o competencia electoral, sino que serían igual de válidos los sistemas por rotación y turno, en el caso de quechuas y aymaras, o por surgimiento natural del líder, como sucede entre los guaraníes. Los representantes sólo expresarán y ejecutarán la decisión colectiva de sus miembros constituidos en asamblea, junta o cabildo.
Por último, en el campo jurídico, no sólo debe ser válido el sistema positivo y la justicia ordinaria, sino que todos los delitos de tipo no estatal podrán ser tratados en las propias comunidades y barrios urbanos, conforme a la tradición. La idea de esta propuesta es lograr que la justicia no sea un monopolio de unos cuantos en desmedro de la grandes mayorías que se sienten impotentes frente a tantos casos de corrupción judicial, dándoles la posibilidad —a esas mayorías— de administrar justicia y evitar, de esta manera, los procedimientos que llevan, inevitablemente, a un eterno círculo burocrático y, por ende, corrupto.
Un Estado plurinacional, como el que se espera que surja de la Constituyente, es la convivencia de dos concepciones del mundo, la occidental liberal y la comunitaria de las sociedades indígenas.
*Félix Patzi es sociólogo, fue ministro de Educación (2006 - 2007).
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