Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

Pese a existir estos pesos y contrapesos para asegurar las garantías ciudadanas individuales y colectivas, los bolivianos —a través de diferentes sectores sociales y sindicales—están incurriendo, cada vez con más frecuencia, en desbordes y excesos, olvidando que los derechos de uno terminan cuando empiezan los de los otros.

Es posible que muchos ciudadanos que en estos días han tomado los caminos y están creando zozobra generalizada, tengan motivos suficientes para apelar a la protesta, pero en caso alguno atentar contra la convivencia civilizada y contra los bienes colectivos del Estado como son las carreteras. Peor todavía, cuando con estas medidas de presión se cometen una variedad de delitos, entre ellos el derecho a la libre circulación por el territorio nacional, que está expresamente previsto en la Constitución Política del Estado.

Al margen de la ilegalidad de los bloqueos, los transportistas y los pasajeros son víctimas de la mayor agresión. Tienen que sufrir hambre, sentir frío y verse perjudicados en sus actividades, las más de las veces de carácter perentorio, como es conservar sus trabajos y cumplir los compromisos asumidos. Estos casos suelen también llegar a la criminalidad, cuando hay personas que viajan de un lugar a otro para atender sus quebrantos de salud.

Otros de los daños en que se incurre con los bloqueos de vías, son los económicos. Para los transportistas, día que no trabajan es salario perdido. Y para los empresarios, cuando su carga no llega a destino en la fecha prevista, es una pérdida enorme y segura. En unos casos, porque la carga puede dañarse, en otros, porque se pierden los embarques portuarios cuando se trata de mercadería destinada a la exportación y, por último, sufren el rompimiento de sus contratos de negocios por razones de incumplimiento y falta de seriedad en la aplicación de éstos.

En este recuento, hay que contabilizar también la pérdida de imagen que sufre el país. Ante la frecuencia con que se registran aquellos incumplimientos, es natural que nadie confíe en el exterior en los negocios que puedan hacerse con los bolivianos. Esto repercute gravemente en el desarrollo nacional. Por más esfuerzos que hagan los empresarios para expandir la frontera comercial, el deterioro de su prestigio los convierte en productores marginales. Con mayor razón Bolivia misma.

El Gobierno tiene, en este contexto, una gran responsabilidad debido a que se halla también afectado por estos conflictos por una práctica —el bloqueo de caminos— que él mismo creó y consolidó en tiempos de lucha sindical. El Ejecutivo está en la obligación de erradicar o desbaratar esta práctica tan dañina y excesiva, más cuando indígenas en la región de Camiri señalan a la administración gubernamental como la promotora del corte de la vía hacia Argentina y Paraguay.