La pura prórroga de la Constituyente no basta
Horst Grebe López*

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La actitud analítica más equilibrada que se pueda concebir, llegaría probablemente a la misma conclusión que guía en estos momentos la conducta de los diferentes actores sociales y políticos de oposición. Se está procesando una reconfiguración del campo político, que podría definir el horizonte de posibilidades hasta la próxima consulta popular, sea ésta el referéndum consultivo sobre artículos sin mayoría de dos tercios o el que refrende la propuesta de nueva Constitución Política del Estado que surja de la Asamblea Constituyente.

Todo parece indicar entonces que la iniciativa política ya no está exclusivamente en manos del Gobierno, una de cuyas preocupaciones consiste ahora en evitar la diáspora de sus aliados y la redistribución desordenada de fuerzas en el escenario nacional.

La decisión más acertada se refiere por de pronto a la prolongación del plazo para que la Asamblea Constituyente entregue el resultado esperado. Sin embargo, la pura prórroga no basta. Se requieren además acuerdos complementarios para vencer las dificultades estructurales de la Asamblea, que no logró superar los errores de su diseño de origen, las debilidades de conducción interna y la permanente intromisión desde afuera.

Si no se logra concertar un método idóneo para avanzar en el tratamiento de las propuestas elaboradas por las diferentes comisiones, es difícil imaginar que una prolongación hasta diciembre resuelva la imposibilidad de procesar las varias centenas de artículos que ya han sido puestos a debate, y cuya concertación responsable sería sumamente complicada en condiciones ideales. Tanto más complicadas se ponen las cosas si el proceso es acompañado además por presiones sociales que no cuentan con espacio alguno para la agregación y tratamiento de sus demandas.

Por todo esto, parece imprescindible contar con algunos compromisos de los actores estratégicos, respecto de la metodología para resolver los dilemas que afligen en estos momentos al perfeccionamiento de la democracia y su correlato en términos de proyecto nacional. En este orden de cosas, la cuestión de las autonomías territoriales y culturales es por sí solo uno de los ejes con mayores dificultades de acuerdo, y todo demuestra que la “media luna” tampoco tiene claridad y unidad en materia de propuestas.

El asunto se ha complicado adicionalmente con la demanda de traslado de todos los poderes a la ciudad de Sucre. Habrá que decir sobre el particular que, en ausencia de una mínima perspectiva de solución concertada, lo prudente sería un compromiso para que la nueva Constitución incluya criterios, métodos y procedimientos institucionalizados para resolver cuestiones como las de la capitalidad, la creación de nuevos departamentos o la modificación en general del ordenamiento territorial establecido. Las reivindicaciones históricas tienen por supuesto su razón de ser, pero las soluciones sostenibles tienen que incluir también criterios económicos, geopolíticos y de seguridad, acompañados de la necesaria equidad del equilibrio regional emergente.

Debidamente abordados, todos los temas tienen cabida en las deliberaciones de la Constituyente, máxime si sus trabajos se fundan en el supuesto de que fue convocada para establecer las bases jurídicas y políticas que permitan suprimir los privilegios de todo orden, abran más espacios interculturales de participación, y atiendan la antigua demanda de descentralización política y administrativa del Estado.

*Horst Grebe L.
es economista.