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La pregunta que hoy tensiona al país es si las autonomías departamentales son incompatibles con las autonomías indígenas y municipales. Ya no hay espacio para caer en simplismos y persistir en el manejo irresponsable de los asuntos territoriales, es necesario desterrar consignas, miedos y prejuicios larvados en el tiempo.

El igualar la autonomía indígena con futuras autonomías departamentales, graduales y solidarias, no es consistente a la hora de analizar las bases reales y objetivas de la realidad, constituyendo parte de un discurso forzado y demagógico. De igual manera, fue una torpeza desempolvar un proyecto de estatuto autonómico cruceño ya superado.

Sin caer en la ingenuidad y en el pesimismo contagiantes, es posible armonizar propuestas en materia autonómica. El Gobierno parece no sólo replantear la regionalización anteriormente hecha pública, sino también admitir que es imposible desconocer a los departamentos y soslayar la implantación gradual de las Autonomías Departamentales Solidarias, favorecidas por el pronunciamiento popular.

Por otra parte, es factible reconocer ´autonomías indígenas´ tomando en cuenta la variopinta experiencia municipal y la mancomunidad de municipios predominantemente indígenas. Así, recupero la tesis de la urgente y necesaria ´reconfiguración municipal nacional´ planteada por la FAM y la ensamblo a la propuesta presentada por mi persona a la Constituyente, en el marco de la reflexión del Colectivo Sí Bolivia, Plataforma Democrática en Red, de lo cual resulta el ´Estado triterritorial de base municipal ancha y flexible´.

La primera constatación es que no existen condiciones sociodemográficas y económicas para viabilizar un generoso menú de autonomías (regionales y provinciales) que establezcan más de tres niveles territoriales de gobierno. Todo indica que las regiones pueden coincidir con una o más provincias y constituirse en espacios de administración desconcentrada de acuerdo a la naturaleza y características de cada departamento. Las 112 provincias pueden ser en varios casos unidades territoriales anacrónicas que diluyen su peso y obligan a procesos de agregación territorial, por lo que su articulación como región, la planificación y gestión de su desarrollo, debiera ser una competencia departamental debidamente coordinada con un sistema nacional de planificación e inversión fortalecido desde la nación hasta el municipio.

La base ancha municipal alude al necesario ajuste de la diversidad edil en función de un modelo plural y flexible que alcance incluso al sistema electivo de sus autoridades. La autonomía indígena puede asumir diferentes expresiones, desde su reconocimiento como ´municipio indígena´, como pasa con las Machacas en La Paz, Curahuara de Carangas en Oruro o Lomerío en Santa Cruz. También es posible recuperar el concepto de Entidad Territorial Indígena Originaria (ETIO) del Poder Ejecutivo, a partir de la reconstitución de espacios territoriales predominantemente indígenas cuya continuidad abarca más de un municipio e inclusive provincias con escasa población. Podrían asimilarse como ´municipio ayllu´ o recuperar el espacio de algunas TCO que sean sostenibles y respeten el derecho de terceros. Ello presupone una ingeniería compleja, en base a principios y un catálogo de competencias concertados a nivel nacional y adaptados a cada departamento.

Existen cuatro condiciones para explorar soluciones a partir de este modelo. La primera consiste en la definición clara de las competencias privativas y exclusivas del nivel nacional, para luego aterrizar en aquellas de dominio subnacional o potencialmente delegables a prefecturas y municipios. Ello supone, por ejemplo, renunciar a la demanda indígena extrema de ejercer dominio sobre los recursos naturales, demanda que la misma propuesta de la ´media luna´ flexibilizó.

Una segunda condición es superar la mentalidad localista y fragmentadora de varios municipios, predominantemente indígenas, que al ser escasos de población necesitan la aplicación de criterios agregadores y de escala que los hagan sostenibles. La tercera tiene que ver con la promoción de fórmulas de convivencia intercultural ya que, incluso en municipios con presencia indígena mayoritaria, se han registrado tensiones internas entre vecinos y comunarios (como en Copacabana o Sorata), que obligan a establecer relaciones sociales fundadas en principios de respeto e interculturalidad, incompatibles con la exacerbación de identidades étnico raciales y culturales.

La cuarta condición se relaciona con conceptos clave, como la recuperación de la confianza y capacidad creativa que supere construcciones teóricas forzadas y se alimente de las lecciones de una realidad compleja y contradictoria construida en democracia.

* Ex parlamentaria; participó en la elaboración de la actual normativa que rige el quehacer municipal.