Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

Las propuestas autonómicas acusan debilidades conceptuales, pero sobre todo de análisis de la historia inmediata, en la que disponemos de insumos dignos de consideración, como la experiencia de descentralización municipal.

El ejercicio real de la autonomía municipal muestra una escasa consolidación y asentamiento del ejercicio autonómico y el logro de una gobernabilidad democrática aceptable. Según la evidencia, la mayoría de las ´autonomías´ municipales goza de la legalidad necesaria, pero carece de la legitimidad otorgada por el impacto real de sus acciones y el ejercicio pleno de sus facultades.

Un dato a considerar son las dificultades del Estado para producir bienes públicos con eficacia y equidad. En nuestra experiencia subnacional, la coordinación entre los tres niveles de gestión fue (aun es) prácticamente nula; evidenciándose, en lugar de sinergias y concurrencia, competencia política por posicionamientos, no por resultados e impactos; y conflictos por captura de rentas, poder y arbitrios, muchos casos en municipios indígenas.

Nuestro Estado requiere apuestas sencillas y pragmáticas y dejarnos de tanto barroquismo de diseño, dadas nuestras restricciones en todos los ámbitos; en este caso, parece ser que a grandes problemas necesitamos soluciones sencillas y prácticas. No suponer demasiadas cosas; cuanto menos supuestos, mejor capacidad predictiva. Las cosas no funcionan por decreto, los resultados se generan con esfuerzo, capacidad y creatividad. El actual diseño asume demasiadas cosas que no funcionan en absoluto, generando un estado virtual-formal y otro real, donde las cosas van mal.

El mejor sistema de representación y control sigue siendo el electoral. El control social y otros mecanismos de ´participación directa´ han debilitado al Estado pues se tiende a denostar y socavar estructuras institucionales creadas para ejercer control, intentando suplantar a la Contraloría, los concejos o al congreso, que más bien requieren ser fortalecidos en su función de dotar de insumos al ciudadano para que éste cada vez elija mejor, basado en información y no en especulaciones. La evidencia sugiere que el control social no puede suplantar estos esquemas, sino que crea conflictos y confusión adicionales; la experiencia de control social en Bolivia muestra magros resultados, derivando en el ejercicio de una vocación rentista, corporativista y barroca, haciendo de una tarea noble en los libretos, una forma de vida y sustento perversa.

A mayores autonomías, menores opciones de financiamiento: ante un universo de tributos y de formas de tributación (hechos generadores) muy limitados, que financien el funcionamiento del estado, es obvio que: a) lo que se les dé a uno se les debe quitar a otros; b) que dando recursos para administrar gastos ya comprometidos, no habrá recursos de libre disponibilidad; y c) que se tienen que crear nuevos impuestos, algunos ricos en creatividad pero pobres en rigurosidad conceptual: ¿qué pensarían muchos ciudadanos favorables a las autonomías —de cualquier índole— si supieran que tendrán una mayor carga tributaria para financiar burocracias poco satisfactorias respecto de las expectativas generadas?

Un estado demasiado complejo tiende a colapsar, cuanto más cosas se intenta controlar y administrar más se pierde el control de asuntos verdaderamente inherentes al Estado, que suponen concentración y dedicación particular, cuando ni siquiera en esto hemos logrado avanzar a niveles básicos, por lo que nos queda mucho trabajo.

* Consultor en descentralización, ex viceministro en el área municipal.