Cada vez que se habla de derechos sexuales y derechos reproductivos se desata una polémica, porque no está claro de qué derechos hablamos y el porqué de su cuestionamiento o de su legitimidad por parte de sectores conservadores y fundamentalistas, frente a quienes creemos que éstos son los más humanos de los derechos.
Que una mujer de clase media busque información para planificar su vida, el funcionamiento de su cuerpo, métodos anticonceptivos seguros, y defina cuáles utilizar, cuántos hijos tener y cada cuánto, está fuera de cuestión. Si se trata de una mujer de escasos recursos que acude a un centro de salud pública, solicita la misma información, probablemente será restringida, se la tratará mal y posiblemente no pueda elegir un método, por el costo o porque el médico pedirá autorización del marido.
Si alumnos/as de colegios particulares demandan educación sexual, el colegio junto con los padres y madres gestionarán un taller. En el caso de una escuela pública, las gestiones se restringen a posibilidades y los/as jóvenes tendrán menor acceso a esta información.
Estas situaciones se refieren a parte de los derechos sexuales y derechos reproductivos, cuyo ejercicio está condicionado por el poder de sectores fundamentalistas sobre la formulación de políticas públicas de salud y educación y por la condición económica de las personas. Son parte de éstos, el derecho a vivir una sexualidad placentera, porque las mujeres han estado condenadas a consentir relaciones sexuales sin placer, con vergüenza y culpa. Se reivindica una dimensión de la sexualidad independiente de la reproducción, como forma de afianzar la comunicación y amor de las parejas. Se trata también de formas diferentes de vivir la sexualidad y de las opciones sexuales.
El debate inicia al momento de plantear que estos derechos no deben dejarse al azar, ni deben ser privilegios de quienes tengan recursos, o puedan acceder a información y a métodos de planificación familiar; sino que el Estado debe garantizar a través de políticas públicas su ejercicio; de ahí la necesidad de reconocerlos en el marco normativo y en el nuevo texto constitucional.
En el caso de las mujeres, se debe reconocer que la mayoría de ellas se encuentra en desventaja, muy pocas pueden decidir tener relaciones sexuales o no, tienen poca información sobre anticonceptivos seguros, sobre infecciones de transmisión sexual, lo que las ubica en situaciones de vulnerabilidad frente al VIH-sida, y otras, por los mitos, prejuicios y creencias arraigados en una cultura machista.
Por eso el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos resulta estratégico, para incrementar la autoestima de las mujeres y empoderarlas hacia el ejercicio de una ciudadanía plena, porque no se puede negar que éstos tienen que ver con la dimensión más humana de la vida y de expresión de la vivencia de nuestra sexualidad, el cuerpo. El ejercicio de estos derechos debe ser garantizado para todos y todas, sin restricción o discriminación alguna. Los derechos sexuales y reproductivos no pueden ser más privilegios, deben ser considerados los más humanos de los derechos.
*Mónica Novillo G. es responsable de la Plataforma de Mujeres por la Ciudadanía y la Equidad – Cochabamba. Movimiento de Mujeres Presentes en la Historia.
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