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Redacción: Patricia Cruzado Villalobos • Fotos: Miguel Carrasco

Van a bombardear Pekín”. Los rumores de que la familia Montecarlo, relacionada con la élite del ejército boliviano y poseedora de vastos territorios, atacaría con aviones la comunidad de campesinos de Pekín, era la prueba más palpable de la tensión que se vivió en muchos puntos del departamento de Pando durante años como consecuencia del proceso de reforma agraria iniciado plenamente el 2000.

A pesar de que el saneamiento de las tierras en Bolivia se planteó en 1953, no se intervino sino a principios de los años noventa. En 1996 el Gobierno aprobó la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria que el 2006 fue modificada por la vigente Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.

En el caso pandino, “la inaplicación de la reforma fue tal que entre 1953 y 1992 tan sólo un siete por ciento de su territorio fue distribuido con títulos de propiedad”, relata Julio Urapotina, director departamental del INRA Pando (Instituto Nacional de Reforma Agraria).

Sin embargo, muchos de los actores implicados en el saneamiento hoy respiran tranquilos, ya que Pando se convirtió el pasado 17 de mayo en el primer departamento que finaliza las pericias de campo, uno de los últimos pasos antes de cerrar el proceso. No olvidan los 10 años de luchas, bloqueos, conflictos y reuniones a las que aún no se ha puesto punto final, y que se espera terminen en diciembre de este año. Antes habrá que compensar a aquellos que poseen tierras insuficientes, entregar las concesiones para la recolección de la zafra —principal actividad— en las áreas protegidas y a unas 20 empresas madereras.

Luces y sombras

A pesar de que el proceso es considerado exitoso por la mayoría de los actores debido al grado de equidad aplicado en el reparto, muchos campesinos y barraqueros critican diversas situaciones.

“La reforma tenía que darse para determinar el espacio, pero fue muy negativo que quisieran aplicar en el oriente los mismos parámetros que en occidente basados en la explotación agropecuaria”, relata Alfonso Almaraz, presidente de la asociación de barraqueros. El extractivismo constituye la principal actividad en la región, “y no estaba reflejado como actividad de la FES (Función Económica Social)”, que constituye el parámetro a través del que se mide el aprovechamiento de los predios, y en función del que se otorga la titulación de las tierras. “Si nuestra principal actividad es recolectar castaña y no aparece en la ley, ¿tenemos que permitir que nos quiten la tierra a favor de los campesinos, que la queman para sus chacos, lo que sí se incluye en la ley?”, protesta el barraquero.

Luego de años de protestas, los barraqueros, poseedores de extensiones de tierra de hasta 70 mil hectáreas, consiguieron la aprobación de un decreto que reconociera su actividad castañera. Tras la reforma, el mayor predio en Pando es de 4.500 hectáreas, perteneciente a la familia Blacut.

“La capacidad de negociación nos ha permitido alcanzar acuerdos”, asegura Alfonso Almaraz, aunque “hemos renunciado a parte de nuestras tierras”.

Dominga Gonzales tenía miedo. Durante años trabajó unas tierras sin título y no conocía los mecanismos de la reforma. “Yo no entendía mucho. Me pidieron mi cédula de identidad —con la única foto que esta mujer de 69 años se ha tomado en todo lo que lleva de vida— para lo del título. Yo sigo cultivando la misma tierra, y nadie me puede echar”, relata clavando su machete sobre un tronco del camino hacia Filadelfia.

Aunque ya se han repartido 157 títulos comunales y 295 individuales en más de un millón y medio de hectáreas, aún existen comunidades luchando por ampliar su territorio. “INRA adjudica la tierra para la comunidad, de manera que cada familia pueda trabajar 500 hectáreas. Posteriormente, ellos se reparten el terreno de acuerdo a sus estatutos y su organización”, explica el Director departamental.

“Para nosotros tener tierras es tener trabajo, por nuestra cuenta, sin depender de nadie. Así es como estamos ahora”, dice Juan Fernández que hace sólo dos años que conformó su comunidad. El primer paso que cumplió fue dotarla de personalidad jurídica para acceder al proceso. “Antes trabajaba para los patronos, hacía trabajos sueltos aquí y allá”. A Juan, junto a las demás familias, le entregaron un terreno lejos de donde se había asentado, así que entre todos acordaron comprar un medio de transporte para llegar por vía fluvial hasta el sitio, a dos días de camino. “Así, si necesitamos comida u otras cosas, uno de nosotros puede ir a Sena, donde estábamos viviendo sin terreno para cultivar”.

El pez grande

“Nos sentimos amenazados por las empresas madereras como Amazonas. Dicen que van a sacarnos a golpes de las tierras porque antes ellas las explotaban sin títulos ni documentos”, relata Enud Sainz, campesino de la comunidad 4 de Junio, que recibió en 1992 tierras en un bajío improductivo para 20 familias, las que ahora reclaman 5.000 hectáreas en el proceso de compensación, lo que supone abarcar una parte del espacio que hasta ahora explotaba la maderera. “Además, muchos individuos con terrenos no maderables talan árboles, pero nos da miedo denunciarlos”, ya que en ese caso nos les entregarían los títulos de propiedad, “y podríamos sufrir las consecuencias”.

El proceso compensatorio, que se iniciará una vez concluido el reparto de tierras a todos aquellos que no tenían, afectará a aquellas comunidades que no recibieron el mínimo que marca la ley en 500 hectáreas por familia y a los hijos de los campesinos que, al iniciarse el proceso, eran menores de edad, y que hoy ya formaron su propia familia.

“El INRA dice que no nos entregará más de 50 hectáreas porque considera que nosotros debemos compartir las tierras con nuestros padres, pero yo creo que aún queda espacio para todos”. Así se expresa Rolando Olimpias, joven de 20 años de la comunidad Nueva Esperanza, conformada por 42 familias, hijos de campesinos.

Lo contrario opina Gonzalo Fernández, técnico del INRA Pando, ya que “si a todos los hijos mayores de edad les entregamos 500 hectáreas, llegará un momento en el que no queden tierras. Ellos deben heredar y compartir”, explica.

La seguridad jurídica que aporta a los campesinos poseer los títulos de sus tierras permite que se creen iniciativas comerciales y se promueva una explotación más sostenible y planificada de los territorios, “en especial con la colaboración de la Prefectura y los gobiernos municipales”, propone Luis Rojas, presidente de la subcentral de la federación de campesinos.

En el caso de su comunidad, Puerto Oro, ya se cuenta con la titulación de las tierras. “Ahora estamos creando una microempresa forestal para vender la madera (dentro de los límites que permite la ley)”. Como cuenta este campesino que ha vivido desde el principio el proceso de reforma, “no hay que inventar la pólvora. Somos agroextractivistas y vivimos del aprovechamiento forestal basado en el manejo sostenible”. De las zonas maderables sacan 36 especies de madera, y de las no maderables castañas y la pulpa de la palmera que se emplea para la elaboración de productos vitamínicos.

Otra propuesta de Rojas es reactivar la producción de goma natural para su exportación, dado que en Brasil hay un mercado dispuesto a firmar un convenio de cinco años.

En el caso de Villa Cotoca, el INRA le entregó territorios separados por dos días de distancia. El comunario Iane Aramayo se queja de la imposibilidad de trabajar tierras tan distantes. “No podemos separar las familias de la comunidad”. Por ello, aún continúan reclamando la modificación de su territorio, aunque “parece difícil debido a que las superficies limítrofes ya están tituladas”.

Las áreas protegidas

“No se debería dar concesiones en las áreas protegidas. Unas 600 personas entran para la zafra con 10 barraqueros, realizan agricultura de subsistencia en media hectárea por familia, cazan y pescan, con el consecuente impacto ambiental”. Así opina Luis Rojas sobre el grado de protección que se aplica a la Reserva Natural Manuripi, declarada área no maderable.

Alfonso Almaraz considera que el impacto es mínimo, ya que la zafra “sólo se realiza de noviembre a abril”. Para el patrón, que ha pasado de poseer 6.000 hectáreas a 4.000, con 800 aprovechables, la figura del barraquero ha sido fundamental para el desarrollo de la región. “Nosotros hemos construido caminos e infraestructuras, y llevamos aquí más tiempo que nadie”.

Indígenas o campesinos

“Somos los primeros en cerrar el proceso por nuestra capacidad de negociación. Además, hemos optado por adaptar el proceso a un modelo propio”, explica el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández Ferreira, hecho con el que todos los actores coinciden. La relevancia del papel prefectural se centró en su presidencia de la Comisión Agraria Departamental y en los aportes económicos complementarios con 210 mil dólares.

Una de las deficiencias en el inicio del saneamiento fue la escasa información con la que contaban los campesinos. Fueron los movimientos indígenas quienes en 1998 se movilizaron respaldados por la Cirabo (Central Indígena Amazónica de Bolivia). Cuando ellos reclamaron su territorio (con condiciones diferentes debido a que su actividad se centra en la caza y la pesca, en lugar de agricultura y ganadería), los campesinos “fuimos sorprendidos, y nos sentimos engañados porque reclamaron parte de nuestras tierras”, relata Rojas. Por ello, el año 2000 se organiza “la tercera marcha”, en la que los campesinos se unen para reclamar sus derechos territoriales. Es entonces cuando se inicia realmente el proceso en el que organizaciones no gubernamentales como Cipca tuvieron un papel clave en la capacitación del campesinado que así se preparó para intervenir.

“Las organizaciones campesinas se empoderaron y ejercieron un control social sobre el proceso que ha permitido el consenso en torno a los acuerdos”, considera Nancy Texeira, delegada prefectural. Uno de los mecanismos más efectivos han sido las conciliaciones, puestas en marcha por la Ley INRA. “Empezaron a resolverse conflictos que habían quedado enquistados. Los mojones pasaron de rojos (bloqueados) a amarillos (tierras saneadas)”.

Con todo, la expectativa por el desarrollo del proceso y el avance del mismo es aún muy grande.

La castaña pandina

Generalmente los campesinos han recolectado la castaña de los terrenos de los barraqueros, para más tarde procesarla en Riberalta (Beni). La apertura de una beneficiadora de almendras por parte de Juan Lazo (campesino), en la comunidad Sena, ha creado empleo para 200 familias durante todo el año. Además, permite que los pequeños productores vendan el producto a un precio justo y dinamicen la economía.