¿Se desmorona la política minera?
Hugo Álvarez Pally*

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Los últimos acontecimientos desnudan algunas de las incongruencias y contradicciones que podrían desmoronar la política estatista del MAS.

En rigor de verdad, la “re-nacionalización” de la mina Huanuni se produjo en julio del 2002, con la promulgación de la Ley 2400. Hasta entonces fue administrada por la transnacional RBG Resources, a través de un contrato de riesgo compartido, que en el comercio interna- cional es utilizado para captar inversión extranjera y modernizar la gestión. En el país, el MNR lo aplicó con fines políticos, con el objeto de disfrazar las políticas de privatización soslayando el artículo 138 de la Constitución Política que prohíbe la transferencia o adjudicación en propiedad a empresas privadas, de los grupos mineros nacionalizados.

Por esa razón y por tratarse de “uniones transitorias”, el Estado siempre ha conservado el derecho propietario de los yacimientos mineros. Al amparo de esos contratos, los yacimientos son sometidos a una intensa explotación y las reservas inexorablemente son agotadas, desapareciendo el concepto de “yacimiento”, por lo que al término del contrato, el Estado termina siendo propietario de “nada”. Las regalías e impuestos no compensan el valor de la riqueza extraída, por lo que en el balance final, el Estado pierde más de lo que gana.

En términos de equidad, los aportes y beneficios deben ser establecidos de acuerdo a la participación y los riesgos asumidos por los contratantes, cosa que no siempre fue así, tal como sucedió en Huanuni donde la RBG se beneficiaba con el 85% de las utilidades y el Estado con sólo el 15%. Al “re-nacionalizar” Huanuni, la Comibol más que recuperar el derecho propietario del yacimiento (que nunca fue enajenado), recuperó la administración de la mina.

Bajo esas consideraciones, el DS 28901 mal podría llamarse de “nacionalización”, puesto que tan sólo estaría poniendo en práctica lo dispuesto por la Ley 2400. Y en los hechos, se trató más bien de consolidar una sui géneris forma de administración, muy parecida a la “co gestión obrera”, por el rígido control sindical impuesto. Ante el éxito de esa administración, exigieron la autonomía económica financiera, misma que por disposiciones legales tuvo que ser rechazada, acordándose estudiar un nuevo modelo de administración.

Mientras tanto, el destino de la empresa continúa siendo sombrío por la irracional contratación de cerca de 4 mil innecesarios obreros (ex cooperativistas) que ahora se constituyen en el “Caballito de Troya” al interior de la mina, los que por la estrecha ligazón con los cooperativistas out siders que se resistieron a la “relocalización del MAS”, posiblemente estén contribuyendo al incremento del juqueo (hurto) de minerales, materiales y socavando la estabilidad de la empresa. Así es cómo la anti-ingeniería política, muy típica de la Comibol, podría horadar la política minera del MAS.

Los últimos acontecimientos demuestran que la nueva política proyectada para el sector, no ha sido consensuada con el bastión y sostén minero del MAS como es Huanuni, dando lugar a la huelga y los bloqueos carreteros de los primeros días de julio. Empero, por la habilidad del Gobierno se firmó un convenio plagado de comisiones que posponen las soluciones a futuro, constituyéndose en una circunstancial victoria política gubernamental, en desmedro de las reivindicaciones de los asalariados.

Por otra parte, la ruptura unilateral de los contratos firmados con los cooperativistas de Huanuni mediante el DS 28901, colisiona con la ley aprobada por el Senado donde se dice que exceptuando Huanuni, se respetarán los restantes contratos de arrendamiento firmados los pasados años, entre la Comibol y las cooperativas mineras, actitud discriminatoria contraria a los principios de equidad social (¿ley del embudo?).

Además, mientras los cooperativistas solicitaron al Tribunal Constitucional anular el citado DS 28901, los asalariados lograron que el mismo sea elevado a rango de ley por la Cámara de Senadores.

Por estas y otras consideraciones como la declaratoria de reserva fiscal, la anulación de las personerías jurídicas, las inconsultas intenciones de modificar regalías e impuestos, la poca seriedad y la desconfianza sembrada por el Gobierno, etc., ha obligado a que los cooperativistas preparen una serie de medidas en contra de las políticas estatales, las que seguramente serán respondidas por los asalariados, poniendo en riesgo el futuro de la política minera del MAS.

*Hugo Álvarez Pally
es ingeniero metalurgista.