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Al ser consultado al respecto, el viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, aseguró ayer que “precisamente el Poder Ejecutivo ordenó una minuciosa investigación porque se conocía, aparentemente, que en el lugar estaba la gente armada”.

El sábado, un contingente de 30 efectivos policiales ingresaron a la mina Lipichi por requerimiento del fiscal Miguel Ángel Viera en busca de evidencias.

Tras una denuncia de la empresa Luzon Minerals Bolivia contra varios comunarios por el delito de robo agravado y otros en Lipichi, el fiscal Viera de La Paz pidió al juez Róger Valverde una orden de allanamiento para encontrar pruebas de ese delito.

Con estos antecedentes y porque no existían las garantías de seguridad es que, según el fiscal Viera, “mi autoridad lo único que hizo es solicitar la orden de allanamiento poniendo en conocimiento del juez de que estas personas estaban armadas”.

Asimismo, Viera aseveró que mandar a los efectivos sin armas “fue una decisión del comandante (Manuel Saavedra) que fue inteligente porque si iban armados tal vez las consecuencias hubieran sido peores y de lamentar”.

El lunes, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, deslindó la responsabilidad del caso y criticó al Poder Judicial porque no actuó con previsión ante el hecho.

Sin embargo, El viceministro Gamarra dijo ayer que “no es que la responsabilidad sea de ellos (Poder Judicial) sino que ellos pidieron el auxilio de la fuerza pública y la Policía sólo cumplió con su rol constitucional de defensa del Poder Judicial”.