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El martes, el viceministro de Culturas, Pablo Groux, y el vicecanciller, Hugo Fernández, denunciaron en conferencia de prensa que Graham Alexander, primer secretario de la Embajada de EEUU, “fue descubierto cuando trataba de exportar a su país 37 armas del siglo XIX” que son “patrimonio cultural e histórico”.

Ayer, la embajada presentó documentos de la solicitud que hizo Alexander, a través de una compañía privada de empaques, para que el Gobierno “le autorice la salida legal de las armas antiguas”.

La embajada hace una cronología de la solicitud que comienza el 9 de julio cuando el agente despachante de aduana (Meave&Cia) “revisó el contenido del equipaje, incluyendo los rifles antiguos. Las armas fueron encajonadas”.

El 12, la carga se “guardó en un depósito sellado en el aeropuerto y permaneció hasta el 19 de julio. El despachante envió una solicitud a la Cancillería y ésta aconsejó que llevara la petición al Viceministerio de Culturas. “No había información en contra de esas armas” ni en el Ministerio de Gobierno, ni en registros policiales.

El 19 de julio se hizo la inspección a la carga y Alexander, Meave y la directora de Catalogación de Antigüedades del Viceministerio de Culturas se reunieron. Ella señaló “que los rifles eran considerados patrimonio cultural de Bolivia y por lo tanto debían permanecer en el país. Alexander indicó que entendía, apoyaba la posición y que ya no intentaría exportar los rifles”.

Según la embajada, “el señor Alexander es coleccionista de armas antiguas y siguió de buena fe, todos los procedimientos establecidos para solicitar la autorización de exportación de estas armas antiguas”. “No ha existido ningún 'descubrimiento casual'”.

Fernández señaló el martes que “éste es un caso que se ha descubierto por casualidad”. Ayer, el viceministro Groux indicó que “nunca hablamos de confiscación... mencionamos la solicitud de exportación que quería hacer (Alexander) y ante esa solicitud le respondimos oficialmente con esta nota verbal. Sostenemos los tres puntos: no puede exportar, necesitamos saber el origen de la tenencia del patrimonio cultural e histórico y esas armas deberían estar en custodia del Gobierno”.