¿Controladas por el Estado?
Óscar F. Aguilar *

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Óscar F. Aguilar*

Parece un contrasentido de lo más básico. Aquel que no ha invertido, que no ha arriesgado, que no ha trabajado, que no se ha sacrificado, que no lucha por su supervivencia, que no pasa por privaciones; ahora quiere, además de cobrar los impuestos, juzgar si la empresa puede seguir viva o que la misma sea transferida (estatizada) o finiquitada. Ejemplificando esto, se pretende que el padre sea sancionado con la pérdida del hijo al que forma y mantiene, cuando el Estado considere que éste no es beneficioso para la sociedad.

Los constituyentes del MAS que han propuesto el control y dirección de los excedentes económicos de los empresarios privados y la obligación de mejorar las condiciones económicas y de trabajo de sus empleados; además de demostrar una supina ignorancia en materia económica, hacen gala de su absoluto irrespeto a la propiedad privada, siendo el ejemplo clásico de aquellos políticos que disponen lo que no es suyo, que pretenden tutelar lo que no les pertenece y que sólo buscan perjudicar más que facilitar el trabajo de los emprendedores; sean éstos micro, pequeños o grandes empresarios.

Por supuesto, estas pretensiones no son aplicables a los informales, a los ilegales o a los contrabandistas; a quienes siguiendo la lógica anterior, al menos se les debería desterrar o tal vez mejor, para evitar mayores daños al Estado, deberíamos fusilarlos.

Vigilar la función económica resulta un absurdo, empresa que no tiene mercado o no tiene demanda, en el corto plazo está condenada al fracaso. Si la empresa es viable, entonces es lógico que contribuirá al mejoramiento del consumo y de la calidad de vida, caso contrario entonces, de forma natural, deja de ser empresa. Empresa que explota a sus recursos humanos no es sostenible ni viable, a menos que se encuentre en la informalidad, sin brindar seguros, sin pagar pensiones, sin pagar impuestos, sin cumplir con las prestaciones sociales, etc.; entonces ésta no es una empresa, es una actividad de piratas de la economía nacional.

En la lógica básica, no merece ningún comentario la pretendida sanción con expropiación a quien transnacionalice el capital en vez de reinvertirlo en el país. Más allá de ahuyentar el capital, estas pretensiones no muestran ningún criterio de desarrollo y sostenibilidad de las inversiones, no reflejan estrategias de crecimiento empresarial, no tienen una visión de integración de la actividad productiva a nivel internacional, no muestran la necesidad de buscar más mercados, mejor pagados y más atractivos que los actuales. En fin, es un etcétera muy largo.

Con estas ideas propuestas por los constituyentes del MAS, no se busca otra cosa que destruir la libre iniciativa, dejar de lado la creatividad, impedir que se tomen riesgos, prácticamente penalizar la inversión y en consecuencia, evitar el desarrollo del empleo, de las empresas; de los empresarios y por ende del país. No está demás recordar a estos señores que más del 50% de los impuestos del país son atribuibles a la actividad privada. Por ello, destruir la empresa privada es destruir Bolivia.

*Óscar F. Aguilar
fue vicepresidente de la CEPB, escribe desde Lima.